El Gobierno apura las negociaciones para llevar al Consejo de Ministros de este martes, 29 de septiembre, un decreto de vivienda con medidas sobre inversión residencial, alquiler y fiscalidad. Las propuestas incluyen restricciones a determinadas adquisiciones, cambios en los arrendamientos y estímulos a la construcción de vivienda protegida, aunque su concreción continúa pendiente de acuerdo con los grupos parlamentarios, según la información recogida por RTVE a partir de fuentes del Ejecutivo.
Del paquete queda fuera la reforma de la Ley del Suelo, según ha adelantado elDiario.es, que vincula esta decisión a la búsqueda del respaldo de Podemos. Su retirada excluye los cambios urbanísticos contemplados en el borrador de julio, aunque no supone necesariamente una renuncia definitiva a reformar la norma.
Inversión y contratos de alquiler
Una de las propuestas con mayor relevancia para la inversión podría ser la prohibición de las adquisiciones de vivienda por fondos que el Ejecutivo califica de especulativas. La definición de las operaciones y los compradores afectados será determinante para conocer su alcance, todavía sin precisar.
En el alquiler se negocia una prórroga extraordinaria de contratos hasta 2028, cuyas condiciones siguen abiertas, junto con la regulación de los arrendamientos de temporada para evitar su utilización como alternativa a los contratos de residencia habitual cuando no exista una causa temporal.
El paquete contempla asimismo medidas de protección frente a los desahucios sin alternativa habitacional. Queda por concretar si estarán condicionadas a la acreditación de vulnerabilidad de los hogares y qué requisitos se exigirán para aplicarlas.
Fiscalidad y vivienda protegida
Entre las propuestas fiscales figuran aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos y reducir el gravamen para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. También se plantean beneficios fiscales para inquilinos y propietarios que rebajen las rentas, además de ayudas para adquirir una primera vivienda.
A estas actuaciones se suma la protección permanente del parque estatal, con el objetivo de que las viviendas mantengan su destino público.
El Ejecutivo retoma así una iniciativa cuya aprobación aplazó en julio por falta de apoyos para su convalidación en el Congreso. Entonces, el Ministerio de Vivienda defendió la posibilidad de alcanzar un acuerdo que combinase estabilidad para los inquilinos y aumento de la oferta asequible, mientras el rechazo de Podemos a la reforma del suelo constituía uno de los obstáculos para reunir los votos necesarios.