Durante la clausura de la jornada “Hacia una construcción industrializada”, celebrada en el marco de la feria REBUILD 2025 en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) destinado a impulsar la industrialización del sector residencial. La iniciativa contempla una inversión pública de 1.300 millones de euros a lo largo de los próximos diez años, con el objetivo de alcanzar una producción anual de hasta 20.000 viviendas mediante procesos constructivos industrializados.
Sánchez comenzó su intervención reconociendo que “tenemos que transformar la manera de construir para mejorar la forma de vivir. La dimensión del desafío que tenemos por delante así lo exige, ya que acceder hoy en día a una vivienda digna es un sueño imposible para muchos españoles”. En este sentido, recordó que el incremento del precio de la vivienda en Europa ha superado el 48% entre 2015 y 2023, en línea con la evolución registrada en España.
El presidente apuntó además que en 2023 se construyó en España más vivienda que hogares se crearon, un dato que, según señaló, marca un cambio de tendencia esperanzador, aunque aún insuficiente para atender la demanda estructural. Para dar respuesta a este reto, abogó por un cambio de paradigma basado en la industrialización, la digitalización y la sostenibilidad. “Construir más y mejores viviendas, hacerlo más rápido y establecer precios más asequibles para la clase media”, señaló, son los tres objetivos clave del nuevo modelo.
El PERTE se articula en torno a tres ejes estratégicos: aumentar la capacidad productiva, mejorar la eficiencia y la sostenibilidad, y fomentar la formación y el talento. El Gobierno prevé construir 15.000 viviendas industrializadas al año, con el objetivo de alcanzar las 20.000 anuales en el horizonte de una década. Según el Ejecutivo, este tipo de construcción permite reducir los plazos de ejecución entre un 20% y un 60%, disminuir las emisiones de CO2, reducir el volumen de residuos y mejorar las condiciones laborales, con mayor seguridad y atracción de talento joven y femenino.
Uno de los elementos destacados del PERTE es la creación de un sistema de financiación específico para este modelo, con el fin de superar la barrera del crédito que ha dificultado su implantación. “Lanzamos este proyecto porque consideramos que la industrialización es una auténtica prioridad en la que tenemos un amplio margen de mejora”, afirmó Sánchez, recordando que el uso de métodos modernos de construcción en España aún está por debajo del 5%, frente al 20% de Alemania.
Durante su intervención, el presidente también incidió en la necesidad de reformar la Ley del Suelo para dotar de mayor seguridad jurídica a los desarrollos urbanísticos, en línea con las demandas del sector y de las administraciones locales. Además, defendió el papel de la Ley de Vivienda como instrumento eficaz allí donde ya se está aplicando, y apeló a la cooperación institucional entre administraciones para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.
En cuanto a los precios de la vivienda, el presidente subrayó el deber de actuar sobre el coste del suelo. “Para ello hemos impulsado la reforma de la Ley de Suelo, que cuenta con el consenso tanto del ámbito privado como de las Comunidades Autónomas”, afirmó, haciendo un llamamiento a las Cortes Generales para su aprobación con el fin de “ofrecer más seguridad jurídica a los operadores”.
Como medida complementaria, Sánchez anunció la creación de la Ciudad de la Industrialización en el Puerto de Valencia, “un espacio destinado a promover la formación de profesionales, el desarrollo de proyectos, así como la promoción y el intercambio de información sobre nuevos sistemas”. Esta infraestructura contribuirá además al desarrollo económico de una de las zonas más afectadas por la DANA de octubre de 2024.
Acompañando al presidente, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reafirmó que este PERTE es “una apuesta estratégica al servicio del derecho a la vivienda, así como una palanca de cohesión territorial y social”, destacando el papel que tendrá la colaboración público-privada para fortalecer la competitividad del sector y responder al que, según señaló, es “el principal problema actual de los españoles”.