El Consejo de Ministros ha autorizado una nueva transferencia de 260 millones de euros a Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda, para impulsar la construcción de 1.629 viviendas asequibles. La operación, aprobada a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, supone la cuarta aportación a este instrumento público y eleva a 2.080 millones de euros los recursos traspasados para promover vivienda asequible.
Los fondos permitirán poner en marcha 22 nuevos proyectos residenciales. Con esta incorporación, Casa 47 alcanzará 68 proyectos activos en el conjunto del territorio, repartidos entre 44 actuaciones de edificación residencial, que suman 3.266 viviendas, y 24 actuaciones de urbanización de solares con capacidad potencial para 22.000 viviendas.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado que “las políticas públicas y el esfuerzo inversor que está liderando el Gobierno están dando resultados: en el primer trimestre del año 2026 hemos conseguido el mejor dato de licitación de vivienda pública desde 2008”. En ese periodo, las licitaciones de vivienda pública ascendieron a 465 millones de euros, un 44,12% más que en el mismo trimestre del año anterior y el mayor volumen de la serie histórica actual.
Rodríguez también vinculó esta nueva transferencia con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda. Según explicó, la aportación a Casa 47 se suma a otras medidas en marcha, entre ellas la incorporación de 40.000 viviendas de Sareb y una primera oferta de compra de más de 100 millones de euros para adquirir viviendas en manos de particulares o fondos y destinarlas al alquiler asequible.
El Consejo de Ministros también ha acordado las cuantías máximas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y la propuesta de distribución territorial pactada por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana del 21 de mayo de 2026.
El plan contará con un presupuesto total de 7.000 millones de euros y se articulará mediante un modelo de corresponsabilidad financiera: el Gobierno aportará el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante. La parte estatal ascenderá a 4.200 millones de euros, que se transferirán durante las cinco anualidades del plan, con 800 millones este año y 850 millones en cada uno de los ejercicios restantes.
La distribución prevista reserva al menos un 40% de los fondos a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque residencial existente y otro 30% a medidas dirigidas a colectivos y territorios con mayores necesidades. El plan incluye, además, mecanismos para mantener de forma permanente la protección de las viviendas financiadas con sus recursos, una cláusula antifraude para las adjudicaciones de vivienda protegida, medidas de cohesión territorial y un sistema de datos públicos sobre vivienda.