El Gobierno de España ha presentado la propuesta del Plan Social para el Clima, un programa dotado con cerca de 9.000 millones de euros para el periodo 2026-2032 y orientado a compensar el impacto de la transición energética en hogares vulnerables, usuarios del transporte y microempresas. Dentro de esa cuantía, 4.700 millones de euros se destinarán a actuaciones vinculadas a vivienda, rehabilitación energética y mejora de barrios.
El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado el plan este lunes, en un contexto marcado por la puesta en marcha del Fondo Social para el Clima de la Unión Europea. La propuesta española combina financiación europea y aportación estatal, ya que el fondo comunitario cubre el 75% de los recursos y cada Estado miembro debe aportar el 25% restante, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En el ámbito residencial, las ayudas se dirigirán a reducir la vulnerabilidad climática de los barrios y a fomentar la rehabilitación energética de viviendas y edificios. El plan también prevé medidas relacionadas con el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas, dos líneas vinculadas a la reducción del consumo energético y al acceso de los hogares a soluciones de generación renovable.
La parte destinada a vivienda concentra algo más de la mitad de los recursos previstos. El resto, unos 4.300 millones de euros, se orientará a movilidad y transporte sostenible, con medidas dirigidas a usuarios vulnerables, autónomos y pequeñas empresas, además de la creación de un abono social único para transporte público urbano, metropolitano e interurbano.
El Plan Social para el Clima no constituye un plan de vivienda en sentido estricto, sino una herramienta de apoyo social ligada a la política climática europea. Su diseño responde al nuevo sistema europeo de comercio de emisiones para edificios y transporte por carretera, conocido como ETS2, que extenderá el coste de las emisiones a sectores hasta ahora no incluidos en el mercado europeo de carbono.
La llegada de los fondos está condicionada a la transposición de ese marco europeo a la normativa española. El Gobierno prevé mantener el documento en audiencia pública hasta finales de junio y remitir la propuesta a la Comisión Europea antes de final de año, según la información publicada sobre el calendario de tramitación.