APCEspaña y los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña cuestionan que el paquete de vivienda aprobado por el Gobierno permita resolver la escasez de oferta y reclaman políticas estructurales acompañadas de mayor seguridad jurídica. En sendos comunicados difundidos tras el Consejo de Ministros del 29 de septiembre, los promotores ponen el foco en las barreras para construir, mientras los agentes advierten de que algunas medidas podrían desalentar a los propietarios que destinan sus inmuebles al alquiler.
Las dos organizaciones coinciden en pedir un marco estable, aunque sus valoraciones abordan aspectos distintos de la actividad residencial. La patronal considera que los decretos concentran los esfuerzos en intervenir sobre el parque existente sin resolver el déficit de producción; los profesionales de la intermediación cuestionan la acumulación de normas y sus posibles efectos sobre la disponibilidad de viviendas.
Suelo y licencias para aumentar la producción
Para la Asociación de Promotores Constructores de España, la respuesta debe partir de una producción residencial que durante años ha quedado por debajo de las necesidades derivadas de la formación de hogares. A su juicio, cerrar esa brecha exige más suelo finalista, agilidad en la tramitación urbanística y de licencias, seguridad jurídica y colaboración público-privada.
"Con prórrogas y límites no se construye ni una sola vivienda más", sostiene la asociación, que considera que ninguna de esas cuestiones estructurales encuentra respuesta en los dos reales decretos-leyes. Reclama por ello una política de oferta que permita superar la sucesión de medidas de emergencia.
Su valoración, sin embargo, incluye un respaldo a determinados instrumentos fiscales y financieros. APCEspaña acoge favorablemente la extensión del IVA superreducido del 4% a la vivienda de protección oficial, al considerar que facilita su acceso a las familias a precios limitados. También destaca las líneas de avales del ICO que recoge en su comunicado: hasta 2.000 millones de euros para promover alquiler social y asequible y 280 millones para construcción industrializada.
Los API alertan del posible efecto sobre el alquiler
Los agentes catalanes comparten la necesidad de actuar ante las dificultades de acceso y proteger a las personas vulnerables, pero advierten de que añadir regulación a un marco que consideran ya complejo puede generar más incertidumbre.
"Compartimos el objetivo, pero cuestionamos el camino", afirma Montserrat Junyent, presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), quien reclama estabilidad y una visión a largo plazo para abordar el problema.
Una de sus principales objeciones se dirige a la prórroga de la suspensión de determinados procedimientos de desahucio para personas vulnerables sin alternativa habitacional. Aunque defienden que estos hogares deben contar con la máxima protección, entienden que esa responsabilidad corresponde fundamentalmente a las políticas públicas y que trasladarla a los propietarios durante periodos prolongados puede aumentar su percepción de riesgo.
Según argumentan, la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar el inmueble podría llevar a algunos a retirarlo del mercado o a descartar su puesta en alquiler. Se trata de un riesgo que la organización vincula a la aplicación de las medidas, no de un efecto constatado tras su aprobación.
Evaluar las medidas y buscar acuerdos
La petición de seguridad jurídica se acompaña, en el caso de los API, de una llamada a evaluar los resultados de las políticas aplicadas antes de introducir nuevos cambios. "Antes de añadir nuevas capas regulatorias, debemos saber qué funciona, qué no y por qué", señala Junyent.
Con ese objetivo, defienden el Pacto Transversal por la Vivienda como espacio de acuerdo entre administraciones, fuerzas políticas y agentes sociales y económicos. Su propuesta busca combinar el aumento de la oferta con la protección de las personas vulnerables y un marco estable para los propietarios, y reiteran su disposición a colaborar en su desarrollo.