El Gobierno prepara un real decreto para elevar los requisitos aplicables a los nuevos centros de datos, que deberán cubrir con fuentes renovables al menos el 80% de la electricidad consumida durante cada hora de funcionamiento.
El texto, cuya tramitación urgente fue acordada este martes por el Consejo de Ministros antes de su apertura a audiencia pública, ha sido elaborado conjuntamente por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública.
La futura regulación desarrollará el mandato incluido en el Real Decreto-Ley 7/2026, aprobado en marzo, que ya vinculó el acceso de estas infraestructuras a la red eléctrica con criterios de sostenibilidad, eficiencia, consumo de agua, resiliencia y soberanía digital. Al tratarse todavía de un proyecto, sus condiciones podrían modificarse durante la tramitación.
La obligación afectará a las instalaciones con una potencia eléctrica superior a 1 MW y permanecerá vigente mientras las renovables no representen más del 90% del mix eléctrico nacional. Además, no bastará con acreditar el origen verde de la energía en términos anuales, ya que la correspondencia entre generación y consumo deberá verificarse hora a hora.
Un megavatio renovable por cada megavatio consumido
El proyecto incorpora también un criterio de adicionalidad por el que cada nuevo megavatio de demanda tendrá que estar respaldado por otro megavatio de generación renovable instalado durante los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro de datos.
Los promotores podrán cumplir esta condición mediante instalaciones de autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo, conocidos como PPA. En ambos casos, al menos el 80% de la electricidad utilizada en cada franja horaria deberá proceder de fuentes renovables que estén generando durante ese mismo periodo.
El cumplimiento de estas exigencias quedará vinculado a la obtención y conservación de los permisos de acceso y conexión a la red. Los incumplimientos podrán traducirse en recargos progresivos sobre los peajes y cargos eléctricos y, en último término, en la pérdida del derecho de acceso.
Los proyectos que ya se encuentren en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse una vez entre en vigor la norma, plazo que se reducirá a tres meses para aquellos pendientes de un concurso de capacidad. Quienes no puedan acreditar las nuevas condiciones podrán renunciar a sus permisos sin que se ejecuten las garantías depositadas.
Máxima calificación energética e hídrica
La regulación abordará igualmente el impacto de estas infraestructuras sobre los recursos energéticos y el suministro de agua. Cuando entre en vigor el sistema europeo de etiquetado para centros de datos, España exigirá a las instalaciones de más de 1 MW alcanzar la categoría A tanto en eficiencia energética como hídrica.
Los centros con una potencia superior a 500 kW deberán comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica sus indicadores de consumo y rendimiento, mientras que los que superen 1 MW tendrán que informar sobre el grado de aplicación de las mejores prácticas recogidas en el Código de Conducta Europeo sobre Eficiencia Energética.
El marco regulatorio incorporará, además, requisitos sobre la estabilidad de la demanda para evitar oscilaciones que puedan afectar al funcionamiento de la red eléctrica.
Los datos operativos deberán permanecer en la UE
La propuesta también introduce obligaciones relacionadas con la soberanía digital. La operación de los centros y el control de la información asociada deberán corresponder a entidades sujetas al derecho de la Unión Europea, mientras que los datos, metadatos y registros generados durante su funcionamiento tendrán que permanecer en territorio comunitario.
Las instalaciones deberán controlar de forma efectiva los accesos procedentes de terceros países y presentar una declaración responsable sobre el cumplimiento de estas condiciones. Los centros que alojen información de las administraciones públicas o relacionada con la seguridad nacional tendrán que comprometerse formalmente a impedir que los datos salgan de la UE.
Más de 12 GW con acceso concedido
El Ejecutivo justifica la intervención regulatoria por el volumen de solicitudes acumulado durante los últimos años. Desde 2021 se han concedido más de 12 GW en derechos de acceso y conexión para centros de datos, una cifra que multiplica las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial, que calcula una potencia de computación de 2,5 GW en 2030 y una demanda eléctrica asociada de entre 3,5 y 4 GW.
La norma busca diferenciar los proyectos con capacidad real de ejecución de aquellos que mantienen potencia reservada sin avances suficientes. El Gobierno descarta que el nuevo marco suponga una moratoria, aunque el acceso a la red quedará condicionado al cumplimiento de los criterios energéticos, ambientales y tecnológicos.