El Consejo de Ministros ha dado su aprobación para la modificación de la Ley Estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, preparando su presentación ante las Cortes Generales luego de no haber sido tramitada en la legislatura previa. Esta reforma tiene como meta "proporcionar seguridad jurídica", estabilidad y certidumbre a los planes de urbanismo, buscando prevenir que errores formales, pero corregibles, deriven en la invalidez completa de los instrumentos de planificación territorial y urbanística.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana enfatiza la importancia de la planificación urbanística como elemento esencial para el crecimiento de municipios y ciudades.
Con la reciente reactivación de la iniciativa, previamente anunciada por la ministra Isabel Rodríguez al inicio del año, el gobierno impulsa nuevamente el anteproyecto de ley para la modificación de la Ley de Suelo. Este anteproyecto, aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros el 13 de diciembre de 2022, no había iniciado su proceso legislativo debido a la convocatoria de elecciones generales.
El objetivo es obtener el respaldo parlamentario para este proyecto, que se alinea con los objetivos de rehabilitación y construcción del Plan de Recuperación. Pilar Alegría, portavoz del gobierno, ha expresado la intención de alcanzar un consenso amplio en el Congreso para la aprobación de la ley, señalando una predisposición favorable por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y su vicepresidenta, Inés Rey, aprueban la modificación, viéndola como respuesta a una solicitud unánime de proporcionar mayor seguridad jurídica a los municipios en la gestión de sus planes urbanísticos, evitando paralizaciones por errores menores.
La APCEspaña, representante de promotores y constructores, también apoya la medida, destacando su importancia para asegurar la gestión eficaz del suelo, abordar la escasez de viviendas y mejorar la accesibilidad, en un contexto donde numerosos municipios enfrentan la anulación judicial de sus planes urbanísticos.