- Un 75% aceptaría medidas intervencionistas si, a cambio, se agilizasen notablemente los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible
- El 66% de los propietarios estaría de acuerdo en apoyar la congelación de rentas durante cinco años siempre que el propietario recupere la posesión de su vivienda en un plazo de dos meses cuando exista impago de rentas
- Los propietarios demandan una mayor incentivación fiscal del Estado para generar mayor número de viviendas para alquiler
Más de la mitad de los arrendadores españoles (60%) opina que el intervencionismo del Estado en los alquileres privados frenaría el aumento de la oferta de viviendas de alquiler y cree que este sólo debería controlar en el mercado de los alquileres públicos. Es un dato que se desprende del informe “Radiografía del arrendador en España. ¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?”, realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). El documento ha sido presentado este jueves por María Matos, directora de estudios de Fotocasa, y José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.
De acuerdo con el estudio, a pesar del rechazo mayoritario al intervencionismo de las viviendas privadas, los arrendadores sí estarían dispuestos a aceptar medidas de control sobre sus propiedades a cambio de alguna compensación. En este sentido, el 67% aceptaría si recibiera incentivos fiscales. Por otra parte, un 75% se mostraría favorable si se agilizaran notablemente los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible y, por último, un 73% apoyaría medidas intervencionistas si pudiera consultar los antecedentes de impagos en bases de datos oficiales.
“Es esencial conocer las preocupaciones y demandas de una de las partes fundamentales que conforman el mercado del alquiler. Los pequeños propietarios son los que tiene la mayoría de la vivienda en alquiler en nuestro país y, gracias a ellos, se ha podido crear un amplio parque de vivienda privada que contribuye y posibilita el acceso a la vivienda. Por ello, la Administración debe contribuir a la creación de un clima que genere confianza y fomente la estabilidad para favorecer a arrendadores e inquilinos de manera equitativa”, ha explicado Matos.
“La Ley de Vivienda que está preparando el Gobierno, si quiere ser justa y equitativa, tiene que incorporar necesariamente las opiniones de los propietarios particulares recogidas en este amplio estudio”, ha explicado, por su parte, Zurdo. El directivo ha añadido que “estos propietarios, que representan a más del 85% de los arrendadores en España, ofrecen algunas vías de solución para mejorar el acceso al alquiler: como incrementar el gasto social y el parque público de viviendas, incentivar y no penalizar y aumentar las fórmulas de colaboración público-privadas”.
Entre los argumentos para rechazar el intervencionismo del Estado, el informe concluye que el 40% de los arrendadores defiende que la actuación de las administraciones fomenta que se mantengan los precios altos.
Algunas medidas intervencionistas ya aplicadas o con posibilidades de ser aprobadas son vistas con recelo por los propietarios. Ante eventuales medidas del Estado para bajar el precio de los alquileres, un 36% de los propietarios ve atacada su libertad de decisión sobre su vivienda y un 32% opina que su poder adquisitivo disminuiría. Sin embargo, también son altos los porcentajes de propietarios que piensan que estas medidas son necesarias para que haya un mayor acceso a viviendas de alquiler (32%) y para evitar la especulación (36%).
Política intervencionista de congelación de rentas
Respecto a la congelación de las rentas durante cinco años, el 66% de los propietarios apoyaría esta medida siempre que el propietario pudiese recuperar la posesión de su vivienda en un plazo de dos meses, cuando exista impago.
Asimismo, el 53% sería favorable siempre a que el propietario pudiera consultar antecedentes de impagos en bases de datos oficiales, y más de la mitad de los propietarios estarían de acuerdo con esta medida siempre que fuera posible aumentar la garantía solicitada al inquilino.
No obstante, a pesar de que gran parte de los propietarios estarían dispuestos a apoyar la congelación de rentas si se pudieran exigir más garantías a los inquilinos o consultar los antecedentes de impago, un 42% admite que la intervención del Estado a través de la congelación de rentas durante cinco años haría bajar el precio de los alquileres.
El Decreto-ley para suspender los desahucios es visto de forma negativa
El Decreto-ley 37/2020 para suspender el procedimiento de desahucio durante el Estado de Alarma producido por la pandemia ha sido visto de manera negativa por la mayoría de los propietarios españoles. Según el 68% de los propietarios, este Decreto-ley va a provocar una gran inseguridad a los inversores y es visto como un ataque a la propiedad privada y una incentivación a la ocupación (65%). De hecho, una gran mayoría (69%) ve el Decreto-ley como el resultado de la incapacidad de las instituciones públicas para proporcionar vivienda social a las personas vulnerables.
En consecuencia, más del 60% considera que medidas como esta aumentan la inseguridad jurídica que está provocando el intervencionismo en materia de alquiler y la mayoría piensa que el decreto facilita la usurpación de bienes inmuebles. Además, más de 6 de cada 10 propietarios opinan que es un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal que genera graves problemas sociales y económicos.
“Los propietarios particulares señalan dos problemas, que son los impagos o destrozos de las viviendas, así como la desprotección jurídica por parte de las administraciones públicas”, ha apuntado Zurdo en la presentación del informe, quien, además, señala que “si se agilizara el plazo de los desahucios, probablemente habría mayor oferta de alquileres y sus precios bajasen al contar los arrendadores con mayor seguridad jurídica”.
Expropiación de viviendas vacías
El informe también se ha interesado por cómo ven los propietarios la expropiación de viviendas vacías y qué pasaría si, tal y como ha ocurrido en Baleares, esta situación se extrapola al resto de comunidades autónomas. En primer lugar, esta expropiación es vista por un 68% de los propietarios como un ataque a los derechos fundamentales del individuo como es el caso de la propiedad privada.
“Se observa un rechazo generalizado de los propietarios, ya que estos tienen muy arraigado el derecho a la propiedad, derecho atacado con este tipo de medidas. Los arrendadores entienden que esta normativa es una invitación a la ocupación de las viviendas por parte de determinados colectivos”, ha valorado el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.
Legislación actual y medidas para bajar el precio de los alquileres
Respecto al precio de los alquileres, un 62% de los propietarios considera que los precios son altos o muy altos. En cuanto a la legislación actual, la mayoría de los propietarios coincide en que medidas como exigir a los inquilinos garantías y avales por dos meses de renta o actualizar anualmente con el IPC son insuficientes (62% y 57%, respectivamente) y el 80% de los propietarios demandan una incentivación fiscal del Estado hacia los propietarios para generar mayor número de viviendas para alquiler.
La regulación de la vivienda de alquiler, entendida a la vez como propiedad, como derecho y como bien de mercado, siempre ha sido un tema que ha acarreado un gran debate. En relación con las medidas para bajar los precios de los alquileres, los propietarios, de nuevo, tienen muy en cuenta la posibilidad de impago del inquilino, que es una de sus principales preocupaciones. Según el 78%, agilizar el plazo de los desahucios por impagos de renta contribuiría a bajar el precio de los alquileres.
Otra medida que los propietarios verían con buenos ojos es que se aumentara la oferta pública de alquiler (67%). Las medidas más intervencionistas, en cambio, generan una mayor desconfianza.
Sector del alquiler turístico
Apenas un 18% de los propietarios pone sus viviendas en el mercado del alquiler turístico. La pandemia de la COVID-19 ha golpeado con fuerza a todos los sectores económicos y, sin duda, ha causado estragos en el alquiler turístico. De hecho, el 69% de los propietarios piensa que debido a la situación epidemiológica es más seguro el alquiler residencial tradicional que el turístico.
“El 64% de los encuestados que alquilaba vivienda turística se ha pasado al alquiler tradicional, lo que ha provocado un aumento de la oferta de la vivienda y una disminución del precio del alquiler”, ha concluido Zurdo.