El Ayuntamiento de Madrid ha declarado la tramitación preferente del Plan Estratégico Municipal (PEM), el instrumento urbanístico que sustituirá al vigente Plan General de Ordenación Urbana de 1997, con el objetivo de aprobarlo inicialmente a comienzos de 2027.
El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno permitirá anteponer su tramitación a la de otros expedientes y priorizar la emisión de los informes necesarios, aunque no modificará los plazos establecidos legalmente, incluidos los correspondientes a información pública.
La decisión municipal se produce después de que la Comunidad de Madrid declarara el PEM de especial relevancia el pasado 13 de febrero y lo incorporara a la Aceleradora Urbanística, desde la que se centralizará la solicitud, recepción y seguimiento de los informes sectoriales preceptivos.
Este órgano interdepartamental coordina a las administraciones y entidades con competencias sobre urbanismo y territorio, además de identificar aquellos instrumentos que, por su impacto social, económico o medioambiental, pueden recibir una tramitación urgente o preferente.
El Ayuntamiento deberá hacer constar esta condición en el expediente desde el inicio del procedimiento y dará cuenta del acuerdo al Pleno municipal.
El borrador definitivo, en elaboración
La Oficina del Nuevo Plan General trabaja actualmente en la redacción definitiva del PEM, cuyos primeros documentos comenzaron a elaborarse en 2024 tras un proceso inicial de participación ciudadana que permanece abierto.
El pasado 19 de diciembre se inició la evaluación ambiental mediante la presentación del documento estratégico y del borrador ante la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.
El nuevo marco de ordenación definirá el desarrollo urbano de la capital durante las próximas décadas y establecerá las condiciones para ampliar la oferta residencial, ordenar el crecimiento y adaptar la ciudad a las nuevas necesidades demográficas, económicas y ambientales.
Su aprobación supondrá la sustitución del planeamiento vigente desde 1997, una revisión que el Ayuntamiento considera necesaria para incorporar los cambios acumulados en Madrid durante las últimas tres décadas y dotar de mayor seguridad jurídica a su transformación urbana.