El Gobierno tiene la intención de aprobar de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes, después de que se tumbaran el pasado viernes en el Congreso y su rechazo haya provocado la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.
Aún no es seguro si la redacción de las normas será exactamente la misma que la que decayó el viernes. Lo que sí que se produciría es que, al haberse disuelto las Cámaras por la convocatoria electoral, los nuevos textos serían votados y, eventualmente, aprobados por la Diputación Permanente. Esta está formada por 69 diputados entre los que el bloque que apoyó el decreto de medidas de vivienda tiene una mayoría de 35 escaños conformada por PSOE, Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 de PP, VOX y Junts.
Sin embargo, el segundo de estos decretos, que regulaba la renovación automática de los contratos de alquiler, no recibiría mayoría suficiente tampoco en la Diputación Permanente, ya que no contaría con el apoyo del PNV.
Las medidas de los decretos
Las normas introducen cambios en los contratos de alquiler, la protección de los hogares vulnerables y la fiscalidad inmobiliaria.
Uno de los decretos propone que los inquilinos podrán solicitar la prórroga extraordinaria de dos años, que no se aplicará de oficio. Asimismo, el paquete contempla congelar las actualizaciones anuales de la renta, con un incremento del 0%.
El otro real decreto-ley se dedica exclusivamente a la renovación automática de los alquileres. El propietario deberá justificar la decisión de no renovar el contrato o, en caso contrario, indemnizar al arrendatario, aunque la información difundida hasta el momento no precisa las causas admitidas ni el importe definitivo de esa compensación.
Otra de las medidas centrales es la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Su alcance está ligado a estas circunstancias y no supone una suspensión general de todos los procedimientos.
En materia de inversión, se contempla prohibir durante dos años las compras de viviendas con fines especulativos por parte de fondos de inversión. El alcance de esta restricción dependerá de la delimitación jurídica de las operaciones y entidades afectadas.
El apartado fiscal contempla elevar del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios no distribuidos de las socimis, aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos y permitir a los ayuntamientos duplicar el IBI de viviendas cerradas durante más de tres años.
También se incluyen incentivos para los propietarios que rebajen la renta respecto al contrato anterior, beneficios fiscales para inquilinos con ingresos bajos y ayudas para acceder a una primera vivienda. Sus cuantías y condiciones de acceso deberán concretarse en los textos.