Las comunidades autónomas ya disponen de los 800 millones correspondientes a la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana haya completado el desembolso. El programa movilizará 7.000 millones durante sus cinco años de vigencia.
Los fondos permitirán comenzar a ejecutar las medidas previstas, que abarcan desde la promoción y adquisición de vivienda pública y protegida hasta la rehabilitación del parque existente, las ayudas al alquiler y el apoyo a la emancipación de los jóvenes. La transferencia se produce después de que el Gobierno aprobara en junio la distribución territorial y remitiera en julio la documentación necesaria para formalizar los pagos.
La Administración central aportará 4.200 millones, equivalentes al 60% de la dotación, mientras que las autonomías asumirán los 2.800 millones restantes. Tras esta primera anualidad, el Estado prevé distribuir 850 millones en cada uno de los cuatro ejercicios siguientes.
El 40% de los recursos se destinará a incrementar la oferta de vivienda pública, protegida y asequible, principalmente en alquiler, mediante la promoción sobre suelo público y privado, la adquisición de inmuebles o fórmulas de colaboración público-privada. Las unidades financiadas deberán conservar su régimen de protección y adjudicarse mediante procedimientos públicos y objetivos, con precios limitados tanto en alquiler como en compraventa.
El programa también financiará la rehabilitación integral de edificios y viviendas, con intervenciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad, la seguridad y la habitabilidad en entornos urbanos y rurales. Entre sus líneas figura la recuperación de inmuebles vacíos para incorporarlos al alquiler social o asequible, además de la regeneración de barrios y áreas deterioradas.
La tercera vertiente se dirige a reducir el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda, con ayudas al alquiler y medidas específicas para jóvenes y colectivos vulnerables. Incluye incentivos para adquirir la primera residencia en municipios de hasta 10.000 habitantes, el alquiler con opción a compra de vivienda protegida y coberturas frente a posibles impagos.
Coincidiendo con la transferencia, el Ministerio ha sometido a audiencia e información pública la orden que regulará el seguimiento y la evaluación del plan. El futuro sistema común de intercambio de datos permitirá elaborar informes trimestrales y anuales sobre la ejecución de los fondos, además de comprobar el cumplimiento de los objetivos y las condiciones exigidas a las actuaciones financiadas.