El Gobierno llevará en julio al Consejo de Ministros un nuevo paquete de medidas en materia de vivienda con el objetivo de intervenir sobre el mercado del alquiler y aumentar la oferta residencial asequible. La iniciativa se articulará a través de un real decreto y buscará recabar apoyos en el Congreso de los Diputados.
El texto anunciado se estructura en dos bloques. El primero estará centrado en el mercado del alquiler, con medidas dirigidas a contener precios, dar mayor estabilidad a los contratos y combatir el uso fraudulento de determinadas modalidades arrendaticias. En este apartado se incluye la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, que el Ejecutivo quiere someter a mayores controles para evitar que funcionen como alternativa al arrendamiento residencial habitual.
En el caso del alquiler de temporada, el decreto exigirá que los contratos respondan a una causa justificada y acreditable. Para el alquiler por habitaciones, el Gobierno plantea limitar la renta de forma que la suma de los importes abonados por cada estancia no supere el precio que correspondería al alquiler de la vivienda completa. Además, el paquete incorporará un régimen sancionador para los incumplimientos y, en las zonas de mercado residencial tensionado, estas modalidades deberán ajustarse a los límites previstos por la Ley de Vivienda.
El paquete también prevé la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de formalizarlos por escrito y bonificaciones en el IRPF para los propietarios que reduzcan las rentas. Esta última medida busca incentivar bajadas de precio mediante beneficios fiscales, en línea con otras propuestas planteadas durante la legislatura para ampliar las deducciones aplicables a los arrendadores.
El segundo bloque estará orientado a movilizar vivienda asequible. Entre las medidas anunciadas figura la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, con el argumento de que estos alojamientos tributen como actividad económica. Esta propuesta ya había sido incluida por el Grupo Socialista en una proposición de ley registrada en mayo de 2025 para favorecer el alquiler asequible y limitar el peso del uso turístico en el parque residencial.
El Gobierno también ha avanzado medidas de agilización administrativa, aunque todavía no ha detallado su alcance concreto. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha defendido que la vivienda requiere un acuerdo amplio y ha enmarcado el real decreto en una respuesta transversal al problema de acceso a la vivienda.
La aprobación definitiva de las medidas dependerá de la tramitación del texto y de los apoyos parlamentarios que logre reunir el Ejecutivo.