El Gobierno ha dado un nuevo paso para regular la figura de los proveedores sociales de vivienda asequible. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación urgente del proyecto de real decreto que establecerá su certificación, con la que pretende facilitar el acceso de estas entidades a instrumentos de apoyo para ampliar la oferta residencial a precios asequibles. El acuerdo permite acelerar la elaboración de la norma, cuya aprobación definitiva queda pendiente.
La acreditación estará abierta a entidades públicas y privadas. Según la información facilitada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, podrán solicitarla cooperativas de viviendas, fundaciones, asociaciones, sociedades mercantiles especializadas y entidades públicas empresariales, además de otras personas jurídicas, entre ellas entidades financieras orientadas a este ámbito.
Con las Housing Associations europeas como referencia, el reconocimiento abarcará distintas actividades relacionadas con la vivienda destinada a políticas sociales: desde la promoción y la adquisición de inmuebles hasta su rehabilitación, financiación, tenencia o gestión. De este modo, la futura regulación contemplará tanto a quienes desarrollan nueva oferta como a las entidades que intervienen en su financiación y explotación.
El alcance de esta figura ya está previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que encarga al Ejecutivo definir los proveedores sociales de vivienda asequible y establecer el procedimiento para su certificación o reconocimiento en un plazo de seis meses. La norma, publicada en el BOE el 7 de octubre y convalidada por el Congreso el 12 de noviembre, incluye expresamente a las cooperativas dentro de ese desarrollo reglamentario.
La certificación tendrá efectos exclusivamente sobre la participación en programas y el acceso a financiación, ventajas fiscales o especialidades en procedimientos de ámbito estatal. Su aplicación dependerá, por tanto, de las condiciones que establezca la normativa correspondiente. Según ha trasladado Vivienda, servirá para facilitar la colaboración público-privada y el acceso a instrumentos de financiación pública o mixta.
El desarrollo del real decreto deberá concretar ahora qué requisitos tendrán que cumplir las entidades y cómo podrán obtener el reconocimiento. La autorización de su tramitación urgente da curso a ese mandato legal, aunque todavía no supone la puesta en marcha del sistema de acreditación.