El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que intervenga para bloquear en el extranjero 4.443 anuncios de alojamientos turísticos que considera ilícitos. Aunque la plataforma que los publica ha restringido su acceso desde España, Consumo ha comprobado que permanecen visibles desde otros países, según ha comunicado este jueves, 12 de noviembre.
El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha remitido al consistorio los identificadores y enlaces de los anuncios, junto con las fechas de comprobación y las estancias mínimas ofertadas. En su carta señala que el Ayuntamiento puede solicitar su bloqueo fuera de España mediante los mecanismos del Reglamento de Servicios Digitales.
La actuación muestra el límite de una retirada circunscrita al territorio nacional: restringir la publicidad para los usuarios que acceden desde España permite mantener su difusión entre potenciales clientes internacionales. El objetivo de la petición es cerrar esa vía de comercialización.
Otro requerimiento sobre 8.352 anuncios
Consumo ha requerido también a dos plataformas que retiren 8.352 anuncios, de los que 7.227 carecen de número de registro y 1.125 utilizan uno que considera falso. Entre estos últimos ha detectado identificadores extinguidos y registros de alquiler por habitaciones utilizados para anunciar alojamientos completos. No ha identificado a las empresas afectadas.
Estos procedimientos tienen como antecedente el requerimiento anunciado el 22 de octubre sobre 8.318 anuncios de alojamientos turísticos ofertados como alquileres de temporada. Según el ministerio, permitían reservas inferiores a 31 días y podían constituir publicidad engañosa al presentarse bajo esa modalidad contractual. De aquel conjunto, 6.772 correspondían a la Comunidad de Madrid y 6.523 se localizaban en la capital.
En aquella comunicación, el departamento advirtió de que las plataformas podrían afrontar un expediente si, tras recibir la notificación, no retiraban los anuncios o bloqueaban su acceso. La intervención se centra, por tanto, tanto en la información con la que se comercializan los alojamientos como en la respuesta de los intermediarios una vez advertidos de las posibles infracciones.
Para el mercado residencial, el alcance de estas actuaciones exige distinguir entre anuncios e inmuebles: el bloqueo de publicidad no acredita por sí mismo el cierre de un alojamiento ni su traslado al alquiler habitual. Las cifras comunicadas describen actuaciones sobre la oferta publicada en las plataformas, sin cuantificar cuántas viviendas podrían regresar al mercado de larga duración.