El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado la tramitación de 90 millones de euros en subvenciones directas para las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, una medida que alcanzará a 317 municipios de Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias.
La financiación todavía no ha sido aprobada ni transferida. El departamento que dirige Isabel Rodríguez ha sometido este 2 de septiembre a audiencia e información pública el proyecto de real decreto que regulará las ayudas, paso previo a su elevación al Consejo de Ministros. Hasta que concluya el procedimiento y la norma reciba el visto bueno del Ejecutivo, las cantidades anunciadas deben considerarse provisionales.
El reparto previsto concentra casi dos tercios de los recursos en Cataluña, que recibiría 59,7 millones de euros. A continuación se sitúan Euskadi, con 15,5 millones; Navarra, con 6,6 millones; Galicia, con 5,1 millones, y Asturias, con 2,9 millones.
Las autonomías deberán destinar el dinero a actuaciones incluidas en los planes específicos elaborados para corregir los desequilibrios del mercado residencial en las áreas declaradas. Entre los usos contemplados figuran la promoción y construcción de vivienda pública, la rehabilitación de inmuebles para incorporarlos al alquiler asequible y la adquisición de viviendas destinadas al parque público.
Los fondos también podrán emplearse en la compra de terrenos de titularidad municipal o privada sobre los que desarrollar promociones residenciales, así como en la urbanización y preparación de suelo. De este modo, el programa no queda limitado a la construcción directa, sino que permite financiar distintas fases de la generación de oferta asequible.
Ayudas vinculadas a la aplicación de la Ley de Vivienda
La concesión se realizará de forma directa y quedará circunscrita a las cinco comunidades que han activado las zonas tensionadas previstas en la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Esta figura debe solicitarse desde el ámbito autonómico y requiere la elaboración de un plan de medidas dirigido a corregir las causas que dificultan el acceso a una vivienda adecuada en cada área.
Su declaración permite aplicar limitaciones sobre las rentas de determinados contratos, entre ellos los suscritos por grandes tenedores y los correspondientes a viviendas que no hayan estado arrendadas durante los cinco años anteriores, además de habilitar prórrogas extraordinarias para los inquilinos en los supuestos recogidos por la legislación.
Los 317 municipios incluidos en el programa se distribuyen entre las comunidades beneficiarias, aunque el Ministerio no ha individualizado por ahora qué cantidad corresponderá a cada localidad ni qué actuaciones concretas se financiarán. Esa concreción dependerá de los programas presentados y de la posterior ejecución de las subvenciones por parte de las administraciones autonómicas.
Rodríguez anunció la medida durante una visita a Lekunberri, donde Casa 47 ha incorporado 34 viviendas a su patrimonio para destinarlas a alquiler asequible. La ministra defendió que los recursos permitirán ampliar el parque público mediante obra nueva, rehabilitación y compra de inmuebles o suelo, al tiempo que vinculó la financiación al despliegue de las herramientas previstas en la Ley de Vivienda.
La tramitación abre así una vía adicional de financiación estatal para las autonomías que han declarado áreas tensionadas, aunque su aplicación efectiva queda pendiente del periodo de audiencia, la redacción definitiva del real decreto y su aprobación por el Consejo de Ministros.