El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 45 millones de euros a ampliar la oferta de alojamiento asequible para estudiantes y personal docente e investigador. La primera fase contempla la creación de 1.525 unidades mediante proyectos distribuidos entre siete entidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña.
La mayor asignación corresponderá a la Universidad Autónoma de Madrid, que recibirá 13,37 millones de euros, seguida de la Universidad de Castilla-La Mancha, con 8,2 millones para una actuación en Albacete, y la Pablo de Olavide, que contará con 6,5 millones para su proyecto en Sevilla.
El reparto se completa con 5,94 millones para la Universidad de Burgos, 4,46 millones destinados a la Universitat Jaume I de Castelló y 3,56 millones para la Universidad de Jaén. El Ayuntamiento de Lleida será la única entidad beneficiaria que no pertenece al ámbito universitario y dispondrá de 2,97 millones.
La mayor parte de las actuaciones se ejecutará sobre suelos públicos o de titularidad universitaria que ya están disponibles y cuentan con una situación urbanística consolidada, una condición con la que el Gobierno espera reducir los plazos de desarrollo. Las características concretas y el calendario de cada promoción se establecerán en las resoluciones o convenios que se suscriban con los beneficiarios.
Los inmuebles deberán conservar su finalidad pública y ofrecerse a precios asequibles, cuyos límites serán fijados por el Ministerio. La renta máxima incluirá suministros y servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi, según la información publicada por Vivienda.
La iniciativa ha entrado en tramitación mediante la apertura del periodo de audiencia pública del real decreto que regulará la concesión directa de las subvenciones, después de más de un año de conversaciones con las universidades para identificar actuaciones con propuestas concretas.
El programa deriva del protocolo firmado en octubre de 2024 por los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana; Ciencia, Innovación y Universidades, y Economía, Comercio y Empresa. Su objetivo es aumentar la oferta residencial destinada a la comunidad universitaria, facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre los mercados del alquiler en las ciudades con mayor demanda estudiantil.
La actuación también se integra en las líneas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla movilizar suelo público e institucional para incorporar alojamiento asequible y favorecer la emancipación juvenil.