La firma de inversión inmobiliaria Patrizia ha puesto en marcha un proceso de venta progresiva de parte de sus activos residenciales en Cataluña. Según informa elEconomista.es, la compañía ha comenzado a comercializar las viviendas de manera individualizada, tras no lograr cerrar una transacción agrupada sobre una cartera afectada por las recientes medidas regulatorias y fiscales aprobadas en la comunidad autónoma.
El plan de desinversión afecta a 542 viviendas distribuidas en siete promociones situadas en municipios del área metropolitana de Barcelona, como Badalona, La Sagrera o Sant Just Desvern. Estos inmuebles forman parte de los 1.500 adquiridos en 2022 a BeCorp, en una operación valorada en aproximadamente 600 millones de euros.
Patrizia había encargado inicialmente a la consultora JLL la venta de este paquete de viviendas, que se encuentra en zonas declaradas como tensionadas por la Generalitat de Cataluña. La publicación del Decreto ley 5/2025, el pasado 25 de marzo, ha condicionado de forma significativa el entorno fiscal para este tipo de operaciones. Entre otras medidas, el decreto introduce un tipo impositivo del 20 % en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) aplicable a grandes propietarios que vendan edificios de uso residencial, incluso si la transmisión se realiza por fases. También se incrementa del 2,5% al 3,5% el tipo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en determinadas operaciones, y se suprime una bonificación del 70 % en el ITP para compraventas orientadas a la reventa por parte de empresas inmobiliarias.
Estas disposiciones afectan a personas físicas o jurídicas que posean más de diez viviendas, una superficie construida de uso residencial superior a 1.500 m2, o al menos cinco inmuebles en zonas declaradas como tensionadas. Según elEconomista.es, varios operadores del sector coinciden en que esta nueva carga fiscal ha complicado las estrategias de desinversión de fondos institucionales y ha reducido el atractivo de las operaciones, al hacerlas menos rentables.
Además, señalan quela limitación de precios, unida al endurecimiento fiscal, está llevando a muchos propietarios institucionales a modificar sus estrategias, optando por la venta directa o bien por redirigir los activos a modelos de alquiler vacacional o temporal, que quedan fuera del régimen de control de rentas aprobado por la Generalitat.