Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cumplido su compromiso de actualizar los precios de los módulos para la vivienda protegida (VPO), que no se habían modificado desde 2008. Esta medida desbloquea la construcción de miles de viviendas asequibles, en respuesta a las demandas del sector que señalaba la falta de rentabilidad en la producción de este tipo de inmuebles. La actualización se produce en un momento crucial, ya que se prevé el desarrollo de aproximadamente 70.000 viviendas en los próximos cuatro años, de las cuales 35.000 serán de VPO.
La nueva orden ha aprobado aumentos de hasta el 56% en los módulos, derivado de la eliminación de uno de los grupos de municipios, lo que resultó en un incremento mayor para los anteriormente clasificados en el grupo D, que ahora se han integrado en el grupo C. También se ha reajustado la zonificación de municipios como Boadilla del Monte y Tres Cantos, que han pasado a la zona A, y San Agustín de Guadalix, que ha cambiado a la zona B, en función del precio de venta de la vivienda libre y el nivel de renta media por hogar.
Cambio de precio por zonas
Respecto a los precios, se han fijado los máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil para las viviendas protegidas, aplicables tanto a la venta como al arrendamiento. Para la categoría de precio básico, los valores son de 2.450 euros en la Zona A, 2.110 euros en la Zona B y 1.900 euros en la Zona C. En cuanto al precio limitado, los costes ascienden a 2.820 euros en la Zona A, 2.430 euros en la Zona B y 2.180 euros en la Zona C.
Los incrementos varían según la zona: en los municipios del grupo A, el aumento ha sido del 26,25%; en los del grupo B, del 33%; y en los del grupo C, del 36%. Estas subidas responden a la necesidad de actualizar los precios máximos de venta tras más de quince años, teniendo en cuenta la inflación de costes debido a factores como la pandemia de la COVID-19, el incremento en los precios del petróleo y del gas, y los nuevos requerimientos normativos relacionados con la eficiencia energética.
Además, se establece que los precios máximos se actualizarán automáticamente cada 1 de enero a partir de 2025, según el Índice de Precios al Consumo. Para las viviendas destinadas al arrendamiento bajo el Real Decreto 801/2005, el precio máximo por metro cuadrado se fijará en 1,5 veces el precio máximo legal, actualizado de acuerdo con la variación del IPC desde la fecha de su calificación provisional.
Esta actualización forma parte de un plan de choque anunciado por Ayuso para estimular el mercado inmobiliario con rebajas fiscales y ayudas para menores de 40 años, junto con la flexibilización de normas urbanísticas para convertir edificios de oficinas en viviendas.