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Madrid encara la recta final del nuevo reglamento de vivienda protegida

Redacción Observatorio Inmobiliario |
Madrid encara la recta final del nuevo reglamento de vivienda protegida

La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso para reformar la regulación de la vivienda protegida. El Consejo de Gobierno acordó el 18 de noviembre solicitar a la Comisión Jurídica Asesora su dictamen sobre el proyecto de Reglamento de Viviendas con Protección Pública, el último trámite previo a la aprobación, según el Ejecutivo regional. El texto, que sustituirá al vigente desde 2009, prevé extender el alquiler con opción a compra y exigir al menos diez años de empadronamiento en la región para acceder a las promociones en venta o destinadas a uso propio.

La opción a compra ya tenía precedentes en la vivienda protegida madrileña, entre ellos el régimen específico para jóvenes. El borrador que salió a información pública en marzo prevé que propietario e inquilino puedan pactarla en el contrato, que deberá fijar el precio de compra, el plazo para ejercer la opción y la parte de la renta que se descontará del precio. Aquella versión fijaba ese descuento en al menos el 40% de las rentas abonadas y permitía ejercer la opción a partir del segundo año, dentro de un plazo pactado de hasta diez años. Son condiciones del borrador sometido a audiencia, pendientes del texto definitivo.


Menos trámites para las promociones y más requisitos de acceso

Para los promotores, uno de los cambios más relevantes está en la calificación definitiva, el trámite que reconoce la condición de vivienda protegida una vez terminada la obra. El Gobierno regional plantea utilizar la declaración responsable en determinados procedimientos vinculados a esa calificación, así como al acceso, el alquiler y los cambios de titularidad. El cambio desplazaría parte de las comprobaciones a una fase posterior, en la que la Administración conservaría sus facultades de inspección.

Para los hogares, el cambio más directo está en el padrón. A los diez años previstos para la compra o el uso propio se añade un mínimo de cinco para determinadas modalidades de alquiler, entre ellas el Plan Vive, según la información difundida por la Comunidad. La propuesta amplía, al mismo tiempo, los supuestos en los que se podrá acceder a una vivienda protegida pese a contar con otra en propiedad, por ejemplo, cuando concurran circunstancias de violencia de género, discapacidad o dependencia, o cuando la vivienda resulte inadecuada por problemas de accesibilidad o por las necesidades de una familia numerosa. También prevé excluir a quienes hayan sido condenados en los cinco años anteriores por allanamiento de morada o usurpación de vivienda.


Protección indefinida para el parque autonómico

La reforma también afecta al tipo de oferta que podrá desarrollarse bajo el régimen de protección pública. El proyecto regula las viviendas con espacios compartidos, los alojamientos temporales para estudiantes y otros colectivos y la cesión de uso. Además, las viviendas promovidas por el Gobierno regional o de su propiedad mantendrán indefinidamente la protección, una medida que se extenderá a otros inmuebles de titularidad pública en determinados supuestos.

El expediente pasó por información pública entre el 17 de marzo y el 8 de abril y recibió en septiembre el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Los servicios jurídicos condicionaron su parecer favorable a que se atendieran varias observaciones de carácter esencial, entre ellas las relativas al alcance de las declaraciones responsables. La redacción definitiva determinará qué trámites pueden resolverse por esta vía y cómo se aplicará el requisito de empadronamiento a las promociones que ya estén en marcha cuando entre en vigor el reglamento.