La Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda Protegida, una iniciativa con la que el Gobierno regional estima que podrá facilitar la construcción de hasta 18.000 nuevas viviendas con protección pública durante los próximos cuatro años.
La norma incorpora distintas medidas urbanísticas y administrativas orientadas a incrementar la oferta residencial y acelerar el desarrollo de promociones de vivienda protegida. Entre ellas, destaca la posibilidad de aumentar hasta un 30% la edificabilidad y un 20% la densidad en determinados suelos destinados a este tipo de viviendas.
Según la Comunidad de Madrid, estos incrementos podrán aplicarse en parcelas públicas calificadas para vivienda protegida que aún no se hayan desarrollado, con el objetivo de aprovechar suelo ya disponible sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento urbanístico.
La ley también amplía los supuestos de cambio de uso. A partir de ahora, además de los edificios de oficinas, podrán transformarse determinados inmuebles destinados a hospedaje y dotaciones privadas para desarrollar vivienda protegida, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa urbanística.
Otra de las medidas incluidas permite a los ayuntamientos autorizar de forma temporal alojamientos en parcelas industriales vacantes ubicadas en entornos urbanos consolidados. El Ejecutivo regional considera que esta herramienta contribuirá a aumentar la oferta habitacional mientras se desarrollan nuevos proyectos residenciales.
En materia administrativa, la norma introduce mecanismos para agilizar la tramitación urbanística. Entre ellos figura la aplicación del silencio administrativo positivo en determinados informes sectoriales preceptivos cuando la administración competente no emita resolución dentro del plazo de tres meses.
La aprobación de esta ley se enmarca en las iniciativas impulsadas por la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta residencial ante la escasez de vivienda disponible. El Gobierno regional sostiene que las medidas contempladas en el texto contribuirán a movilizar suelo y acelerar la ejecución de nuevas promociones de vivienda protegida en la región.