El PSOE y el PNV han registrado conjuntamente una proposición de ley en el Congreso para reformar la Ley del Suelo, tras no conseguir los apoyos necesarios para modificarla mediante un proyecto de ley anterior. Este proyecto había sido retirado de la agenda debido a la oposición de Sumar y la falta de garantía de apoyo por parte del PP, frente a enmiendas de totalidad de Podemos, Junts, y Esquerra Republicana (ERC).
La nueva proposición de ley, casi idéntica al proyecto original, ajusta la regulación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística para que se rijan por las normativas autonómicas, permitiendo su modificación o sustitución bajo los mismos términos autonómicos.
A pesar de estos cambios, se anticipa que la proposición puede seguir sin ser del agrado de Sumar y Podemos, quienes han expresado preocupaciones sobre posibles "pelotazos urbanísticos". Argumentan que el texto limita el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación, una cuestión que permanece en el nuevo texto.
Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez, se defiende que esta limitación en el efecto de las denuncias busca prevenir los abusos de "chantajistas" urbanísticos que se benefician de la normativa para presentar reclamaciones que luego son retiradas tras acuerdos económicos. La reforma busca otorgar seguridad jurídica a la planificación urbanística y evitar que fallos formales menores conduzcan a la nulidad total de los instrumentos de ordenación.
La reforma especifica las circunstancias bajo las cuales se puede declarar la nulidad de los instrumentos de ordenación: por vicios formales o de procedimiento, omisiones en la evaluación ambiental, la información pública y la participación, así como insuficiencias en la documentación requerida. Se contempla también la posibilidad de declarar nulidades parciales, evitando así la "nulidad en cascada" que afectaría a todo el planeamiento de desarrollo.