El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y las comunidades autónomas han aprobado definitivamente, por unanimidad, la distribución de los 7.000 millones de euros asignados al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Este acuerdo ratifica el modelo de reparto de los fondos públicos, de los cuales 800 millones de euros se transferirán a las administraciones autonómicas durante 2026 para ejecutar las primeras políticas de vivienda.
El plan establece que un 40% del presupuesto se destinará a la construcción y adquisición de inmuebles, mientras que el resto se dividirá a partes iguales entre la rehabilitación y la protección de colectivos vulnerables.
La financiación del plan será aportada por la administración central con el 60% de los recursos y las comunidades autónomas asumirán el 40% restante. En términos absolutos, el Gobierno de España transferirá 4.200 millones de euros en el periodo de cinco años, mientras que la aportación mínima global de las comunidades ascenderá a 2.800 millones de euros.
En el reparto de la inversión total por territorios, Andalucía registrará la mayor cuantía, con 1.197 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones, y Cataluña, con 1.015 millones. Por debajo de la barrera de los mil millones se sitúan la Comunidad Valenciana, con 798 millones de euros; Galicia, con 399 millones; Castilla y León, con 378 millones; y Canarias, con 371 millones.
El resto de asignaciones se distribuye en 308 millones de euros para la Región de Murcia, 280 millones para Castilla-La Mancha, 266 millones para Aragón, 231 millones para Asturias, 210 millones para Extremadura, 168 millones para Baleares, 133 millones para Cantabria y 119 millones para La Rioja, cerrando el desglose Ceuta y Melilla con 7 millones de euros cada una.
El marco normativo aprobado incluye mecanismos específicos diseñados para blindar la calificación de vivienda protegida de manera permanente en todos los inmuebles construidos con estas partidas financieras, junto con la aplicación de una cláusula específica contra el fraude para fiscalizar la transparencia en los procesos de adjudicación pública.