El mercado residencial de Andalucía necesita inversión y más vivienda. La plataforma inmobiliaria Culmia ha presentado su informe 'Acceso a la Vivienda: Objetivo Andalucía' en el VIII Punto de Encuentro Inmobiliario en Gibralfaro, organizado por FADECO. El estudio aborda la tasa de esfuerzo de las familias en las principales capitales provinciales andaluzas, así como la evolución de los precios y la demanda en el mercado del alquiler.
Según el informe, actualmente se requieren en Andalucía un total de 160.000 viviendas, incluyendo tanto asequibles como públicas, además de otras 39.000 viviendas que necesitarían apoyo para fomentar la incorporación al mercado Build to Sell. Para cubrir esta demanda sería necesaria una inversión pública de 7.731 millones de euros, lo que representa un gasto anual de 386,5 millones de euros en un plan a 20 años, equivalente al 0,21% del PIB andaluz.
La provincia de Málaga necesitaría un tercio de la inversión total, con una inversión anual de 124,2 millones de euros. La siguen Cádiz con 74,6 millones de euros, Sevilla con 68,2 millones, Almería con 45,2 millones, Granada con 26,9 millones, Córdoba con 23,3 millones, Huelva con 12,7 millones y Jaén con 11,5 millones de euros.
Para las viviendas asequibles, se estima una inversión de 1.248 millones de euros en un horizonte de 20 años para desarrollar 43.600 viviendas asequibles en las capitales provinciales, lo que requiere la construcción de 2.180 viviendas anuales con una inversión de 62 millones cada año.
Mercado residencial por capitales andaluzas
Málaga destaca como la segunda capital con mayor demanda de viviendas asequibles, necesitando 9.677 nuevas viviendas para alquiler asequible en los próximos 20 años, con una inversión total de 202 millones de euros. Esto implica un desarrollo anual de 484 viviendas asequibles con una inversión anual de 10 millones de euros.
Por capitales de provincias, Sevilla lidera en necesidad de vivienda asequible con 15.066 viviendas, seguida de Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz, Almería, Jaén y Huelva. En términos de inversión, Sevilla continúa en primera posición con 409 millones de euros, seguida de Córdoba, Málaga, Almería, Granada, Jaén, Huelva y Cádiz.
El informe también destaca que la capital de Málaga tiene un precio promedio de vivienda protegida de 8.04 euros por metro cuadrado útil, lo que subraya la necesidad de un plan económicamente viable para atraer inversiones y ofrecer rentabilidades atractivas por encima del 8%.
Málaga necesitará más de 9.600 nuevas viviendas asequibles y una inversión de 202 millones en los próximos veinte años para completar la demanda
De esta forma, el informe propone un presupuesto de 22.500 euros para módulos de vivienda en colaboración público-privada, optimizando condiciones y financiación para alcanzar rentabilidades del 8%.
En Málaga, la tasa de esfuerzo para alquileres es del 66,8%, superando las medias regional y nacional, debido a la escasa oferta y altos precios. Se destaca la necesidad de soluciones como el alquiler asequible o la vivienda pública, con rentas de alrededor de 500 euros al mes.
Francisco Pérez, CEO de Culmia, señala: “los resultados de este informe nos demuestran una preocupante situación de acceso a la vivienda en Andalucía que resalta la necesidad de que cada uno de los actores en este sector contribuyan en sus respectivos ámbitos a materializar estos proyectos de vivienda asequible y pública, asumiendo que son proyectos sociales, hasta el momento vistos como proyectos de inversión”.
Culmia también señala que, aunque el objetivo de presupuesto público dedicado al desarrollo de viviendas debería situarse en torno al 0,45% del PIB, en línea con la Unión Europea, este porcentaje en Andalucía se sitúa por debajo, en torno al 0,2%. Esto se debe, principalmente, a las limitaciones en la capacidad productiva y la disponibilidad de suelo. Aunque la inversión en la comunidad autónoma destinada a la vivienda es de aproximadamente 400 millones de euros, los recursos están destinados a otros fines. Esto resalta la necesidad de incrementar el presupuesto de la Junta de Andalucía de manera que se alinee con políticas más eficientes relacionadas con el desarrollo de planes en colaboración público-privada, y viables económicamente para atraer a inversores capaces de gestionarlos.