El Frob ha hecho una oferta al resto de entidades con acciones en la Sareb para hacerse con el 100% de la compañía por un precio simbólico cercano de 195 euros
El Gobierno sigue dando los pasos necesarios para hacerse con el control de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Y lo hace a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que actualmente controla el 45,9% de Sareb.
El resto del capital de la sociedad está en manos de accionistas privados, como Santander (22,23%), CaixaBank (12,24%), Sabadell (6,61%), Kutxabank (2,53%), Ibercaja (1,43%), Bankinter (1,37%), Unicaja Banco (1,27%), Cajamar (1,21%), Mapfre (1,11%) y otras 17 entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%. Y todos ellos han recibido una carta del Frob en la que se les comunica su decisión de lanzar una oferta formal por la totalidad de acciones por un precio simbólico de 1 céntimo por cada 39.710 acciones. Una carta en la que se sostiene que, si no se alcanza el objetivo del 100% del capital, las condiciones de los futuros procesos no serán mejores que los que incluye la oferta actual.
En su memoria de impacto económico, el Gobierno defiende que la reforma para asumir el control del llamado "banco malo" mejorará las cuentas de las instituciones públicas y reforzará la defensa del contribuyente.
Por su parte, deshacerse de todas sus acciones en Sareb provocaría que los grandes bancos perdiesen los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) que han generado el deterioro de su participación y que podrían proporcionarles un alivio fiscal en el futuro.
Un repaso a los hechos
Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008, para lo que adquirió 98.211 activos valorados en 50.781 millones de euros. Tiene el mandato de generar ingresos suficientes, mediante la venta y gestión de estos activos, para amortizar la deuda emitida en el inicio de su actividad, un objetivo que debería cumplir antes de su liquidación, prevista para 2027.
Al cierre de 2020, Sareb contaba con un patrimonio neto negativo de 10.500 millones y tenía pendiente de devolver 34.918 millones de euros. En su último informe de actividad, la sociedad admite la imposibilidad de generar flujos de caja suficientes para amortizar íntegramente la deuda emitida por la compañía antes de que venza el plazo para su liquidación.
El pasado 18 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un cambio legal que le permite tomar el control de Sareb. El detonante de esta decisión llegó a raíz de que Eurostat, la oficina estadística europea, decidiera incorporar las cuentas de la sociedad dentro de los límites presupuestarios del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de deuda en 2020 y más de 10.000 millones de déficit. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido asumir el 54,1% del capital que no controla.
El segundo paso será la presentación, en el Pleno del Congreso de los Diputados de esta misma semana, del decreto ley que permite tomar el control de la sociedad. De no encontrar apoyos suficientes para ser aprobado, se derogará, aunque, los grupos pueden presentar enmiendas y tramitarlo como proyecto de ley.