Contenido elaborado por Drooms para Observatorio Inmobiliario
Cuando se abordan las cuestiones de una mayor eficiencia energética en el sector inmobiliario, todos los europeos se encuentran en el mismo barco, ya que los ambiciosos requisitos asociados con los objetivos climáticos de la UE son obligatorios para todos los países de la UE: Hay hasta 240 millones de activos inmobiliarios en la UE. En total, los edificios suponen un 40 % del consumo de energía de la UE. El 36 % de los gases invernadero producidos dentro de la UE los genera este sector. Está muy claro: si la UE quiere lograr sus ambiciosos objetivos climáticos de reducir las emisiones en un 55 % hasta 2030 en comparación con 1990, los inmuebles deben adoptar medidas de eficiencia energética. Y además, los países deben hacerlo de manera rápida pero planificada para todas las partes implicadas, también en España.
España y la transición energética constituyen una historia de superlativos en materia de expansión de las energías renovables, pues en este país del sur de Europa el recurso de la energía solar está disponible prácticamente todo el año. Una circunstancia con la que otros países solo pueden soñar, sobre todo en Europa central y del norte. En el año 2020 comenzó a funcionar en Extremadura la planta eléctrica fotovoltaica «Núñez de Balboa», cuya capacidad instalada de 500 MWp puede batir récords y suministrar energía limpia a 250.000 personas. Otras mega instalaciones están construyéndose o en fase de planificación.
Con esto, los españoles dieron el año pasado un importante salto adelante en materia de protección climática por fin, después de mucho tiempo a la zaga. El Parlamento español aprobó una nueva ley de protección medioambiental por la que el país se compromete a reducir las emisiones de CO2 en un 23 % hasta 2030 en comparación con 1990.
Ahorro de CO2 en todos los sectores
El sector energético tendrá que asumir la mayor carga del ahorro de CO2, porque la nueva ley de protección ambiental prohíbe, con vigencia inmediata, todas las nuevas autorizaciones para la explotación y producción de carbón, gas y petróleo. Además, el 74 % de la electricidad del país debe proceder de energías renovables en 2030. También los sectores del transporte y la movilidad se ven impactados por esta nueva legislación. La ley prohíbe, por ejemplo, la compra de vehículos que utilicen combustibles fósiles a partir de 2040. Además, se planean objetivos muy ambiciosos de eficiencia energética, que deberá mejorar en casi un 40 % hasta 2030.
Con respecto a las medidas de eficiencia energética en el sector inmobiliario, el plan de protección medioambiental nacional también incluye numerosas medidas que afectan no solo a los servicios públicos y comerciales, sino también al sector privado.
Por ejemplo, se prevé lo siguiente:
- Uso de biomasa con fines de calefacción.
- Instalación de colectores solares térmicos y geotérmicos para los equipos de aire acondicionado en nuevos edificios.
- Transición hacia hábitos de ahorro energético en casa.
- Distribución de los costes de calefacción con válvulas termostáticas.
- Transición de calderas individuales a calderas de condensación.
Los expertos convienen en que el sector inmobiliario español tiene un enorme potencial para ahorrar energía, con efectos muy positivos a medio y largo plazo sobre el balance de CO2 español. En total, un 30 % del consumo final de energía español corresponde a los edificios residenciales, con un parque de viviendas de unos 25 millones de unidades. De estas, aproximadamente el 60 % se construyeron sin seguir ningún tipo de normativa sobre eficiencia energética. La legislatura española tiene en el marco temporal actual de 2021 a 2030 una titánica labor de aplicación de medidas de rehabilitación que se centrarán sobre todo en los exteriores de los edificios, pero también en las instalaciones térmicas.
Amplias medidas de rehabilitación previsibles
En particular, los futuros inversores pueden verse afectados por la realización de extensas medidas de rehabilitación, lo que en consecuencia influirá sobre la tasación de la propiedad inmobiliaria o cuyo coste el inversor deberá tener en cuenta de antemano.
Los inmuebles que no sean conformes a la taxonomía perderán fortaleza o incluso la demanda total en el mercado a medio plazo, por lo que el valor de sus activos dependerá de la viabilidad en materia de ESG de la inmobiliaria. O dicho de otro modo: los inmuebles que cumplen los ESG elevan las expectativas de rentabilidad de los inversores, por ejemplo, gracias a costes operativos más bajos y una mayor vida útil, con lo que contribuyen a mantener la competitividad a medio y largo plazo. La pesadilla de un escenario de activos estancados puede evitarse gracias a la compatibilidad con los ESG. Todas las empresas españolas también tienen mucho por hacer en relación a las obligaciones de divulgación y transparencia de sus carteras en el marco de los reglamentos ESG a nivel europeo. La disponibilidad y coherencia de los datos serán por este motivo un pilar decisivo para los inversores inmobiliarios.
El desafío principal está en documentar los riesgos climáticos y medioambientales y explicar su significado para las empresas, que deben trabajar con enormes cantidades de datos adicionales. La información relevante debe recopilarse, actualizarse de manera continua y estructurarse y almacenarse en un repositorio de datos. Esto requiere la construcción de una estructura de datos estandarizada que establezca los cimientos de una capacidad de generación de informes de ESG y su correspondiente evaluación inmobiliaria de manera fiable.
Para lograr la transparencia de los datos en las transacciones y a la vez mantener el cumplimiento de las obligaciones de documentación necesarias hace falta, sobre todo, una base de datos uniforme: todos los participantes en un proceso de inversión necesitan el mismo acceso a todos los datos. La construcción de una estructura de datos estandarizada establece los cimientos de una capacidad de generación de informes de ESG fiables, así como una valoración inmobiliaria duradera. Es necesario disponer de evaluaciones de riesgos de sostenibilidad, informes medioambientales, certificados y evaluaciones para los inversores y también para las verificaciones de la due diligence. Incluso aunque suene costoso, en última instancia estas estructuras de datos pueden contribuir a la sostenibilidad de una cartera inmobiliaria al hacerla transparente, medible y comparable, y esto es un factor determinante.
Inclusión de plataformas digitales inteligentes desde el principio
Para conseguir lo anterior, es necesario crear desde el primer momento una «Single Source of Truth» (Fuente única de verdad) a la que se pueda acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento. En contra de la idea común, el gran obstáculo de la digitalización y la creación de informes de ESG no es la existencia de los propios datos, sino el sencillo hecho de que no es posible acceder a ellos desde una ubicación central o de que el repositorio disponible es confuso por culpa de datos divergentes.
Las plataformas digitales son en la actualidad tan avanzadas e inteligentes que ya incorporan como estándar tener en cuenta las continuas normas sobre obligaciones y transparencia, también para la creación de informes ESG. No existe duda alguna, por tanto, de que la digitalización es un característica esencial de la gestión empresarial de cara al futuro para cada vez más compañías en un mundo impulsado de forma creciente por los datos.
Drooms no solo respalda la implementación de estrategias ESG con su tecnología, sino que además acata estos principios como empresa. Nuestra empresa avanza también en materia de ahorro de CO2: por ejemplo, todos los servidores de Drooms se alimentan con electricidad procedente 100 % de fuentes renovables. Así es como hacemos nuestra contribución a una mayor sostenibilidad y protección del medio ambiente.