La vivienda de segunda mano pasa los 40. El parque de vivienda usada en España tiene una media de edad de 43,5 años, según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). Este informe recopila datos de alrededor de 1.200 agencias inmobiliarias de diferentes comunidades autónomas que forman parte del colectivo.
El informe destaca las principales deficiencias que presentan los inmuebles o edificios de vivienda usada. El 32% carece de ascensor, el 24,9% tiene poco espacio exterior, el 23,7% sufre falta de aislamiento térmico y el 19,2% no cuenta con rampas accesibles. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro, subraya que estos datos ponen de manifiesto el déficit de inmuebles energéticamente eficientes y con accesibilidad limitada para personas con movilidad reducida o personas mayores en el mercado inmobiliario actual.
Sin embargo, Alfaro también señala que las agencias inmobiliarias están notando un aumento en la demanda de viviendas con un alto componente de eficiencia energética. De hecho, uno de cada tres (31,1%) interesados en comprar una vivienda opta por este tipo de propiedades. La escasez de oferta de viviendas sostenibles y accesibles es la razón principal detrás de la falta de demanda en muchos casos, remarca el presidente de la federación.
Uno de cada tres (31,1%) interesados en comprar una vivienda opta por propiedades con un alto componente de eficiencia energética
En este contexto, el presidente de la FAI destaca la importancia de afrontar los desafíos que enfrenta el sector inmobiliario. Uno de los retos fundamentales es la necesidad de revitalizar los centros urbanos construidos en las décadas de 1970 y 1980, promoviendo viviendas más eficientes energéticamente y asegurando su adecuado mantenimiento, con especial atención a la seguridad, el confort y la accesibilidad.
Asimismo, Alfaro subraya que para llevar a cabo la rehabilitación del parque de viviendas, es esencial coordinar de manera eficiente medidas conjuntas entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En este sentido, sugiere que las administraciones públicas proporcionen ayudas económicas directas a los propietarios que deseen rehabilitar y poner en alquiler sus viviendas a largo plazo.
Para incentivar aún más la rehabilitación y alquiler de estas viviendas, se propone ofrecer préstamos subvencionados a las comunidades de propietarios. Además, se sugiere otorgar bonificaciones fiscales tanto en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como en el Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF) a aquellos propietarios que destinen sus viviendas rehabilitadas al alquiler habitual a largo plazo, siempre y cuando el precio de alquiler no supere el índice máximo establecido por la Ley de Vivienda para la zona correspondiente.