Habría que analizar en profundidad los cuellos de botella que están generando los retrasos en la gestión del suelo. En este sentido, sería conveniente excluir aquellos suelos que presenten dudas medioambientales para un análisis más detenido y, en el caso de los que no las tengan, proceder a su calificación de forma ágil.
Asimismo, habría que recuperar las ayudas y facilitar mecanismos de financiación accesibles y a largo plazo dentro de los planes estatales y autonómicos de vivienda protegida, incorporando sistemas como las cuotas de amortización creciente. Estas permitirían adaptar el esfuerzo financiero tanto del comprador como del promotor a la evolución de la inflación. Se trata de instrumentos que ya existieron en el pasado y cuya recuperación podría resultar eficaz en el contexto actual.
En paralelo, sería necesario incrementar las ayudas públicas destinadas a la vivienda protegida, teniendo en cuenta que la inversión en este ámbito prácticamente desapareció de los presupuestos tras la crisis de 2007.
Por otro lado, en aquellas comunidades donde no exista, se debería recuperar el tope al precio del suelo para vivienda protegida. En caso necesario, podría plantearse un aumento de la densidad y la edificabilidad en estos suelos, con el objetivo de compatibilizar dicho límite con los intereses de los propietarios y los costes de urbanización.
Finalmente, la Administración debería impulsar la formación de mano de obra en el sector de la construcción, tanto para trabajadores nacionales como para inmigrantes, dado que la falta de personal cualificado constituye actualmente uno de los principales factores limitantes del sector.