El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los criterios que permitirán la incorporación de activos de Sareb a la nueva empresa estatal de vivienda, así como su transmisión previa a SEPES, entidad que ya actúa como Empresa Estatal de Vivienda y Suelo de la Administración General del Estado. El perímetro establecido incluye más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos, con capacidad para desarrollar unas 55.000 viviendas destinadas al alquiler asequible.
Según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el proceso de selección ha tenido en cuenta la viabilidad económica, jurídica y técnica de los inmuebles y solares propiedad de Sareb, con el objetivo de ponerlos a disposición de la ciudadanía “en el menor tiempo posible”.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra Isabel Rodríguez ha afirmado que esta actuación busca “reparar las secuelas derivadas de la anterior crisis financiera” y revertir el uso de las viviendas procedentes de desahucios “que se destinaron a pagar el rescate financiero”. “Se trata de enviar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos, hoy a rescatar a las familias”, ha declarado Rodríguez.
Criterios de incorporación de viviendas y suelos
Para ser incorporadas a la política pública de vivienda, las viviendas deberán estar situadas en áreas metropolitanas, islas o municipios de más de 5.000 habitantes. También se incluyen localidades con más de 1.000 habitantes que hayan experimentado un crecimiento demográfico superior al 5% en la última década. En aquellos municipios fuera de las áreas metropolitanas o insulares, se exige una concentración mínima de 10 viviendas para facilitar su gestión.
Desde el punto de vista económico, se incluyen las viviendas de hasta 85 m2 útiles, sin límite de tasación, y aquellas de hasta 150 m2 cuyo valor de tasación no supere en un 40% el precio medio por metro cuadrado de la vivienda libre en su provincia o municipio, según la Estadística de Valor Tasado del Ministerio. Técnicamente, los inmuebles no deben presentar patologías estructurales, deben cumplir la legislación urbanística y reunir condiciones adecuadas de habitabilidad. Estas condiciones no se aplicarán a las viviendas con un contrato de alquiler social en vigor, que serán incorporadas automáticamente al programa.
En cuanto a los suelos, se incluyen aquellos ubicados en municipios de más de 5.000 habitantes, con una superficie mínima de 150 m2 y calificación de uso residencial plurifamiliar o colectivo. Además, deben permitir promociones de al menos 30 viviendas y estar registrados tanto en el Registro de la Propiedad como en el Catastro, en pleno dominio de Sareb o con una participación superior al 80%, siempre que puedan completarse tras un proceso urbanístico.
Este perímetro podrá ampliarse por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en función de circunstancias justificadas.
Movilización de recursos y solares del Ministerio de Defensa
El Ejecutivo ha aprobado también una segunda medida para ampliar los recursos destinados al desarrollo de vivienda asequible a corto y medio plazo. Entre otras actuaciones, se emplearán fondos procedentes del acuerdo del 9 de mayo de 2023 para promover desarrollos urbanísticos en terrenos del Ministerio de Defensa. Tras una evaluación de viabilidad, se ha procedido a la adquisición del 35% de los solares disponibles y se negocia la compra de otros cuatro.
Estas actuaciones permitirán a la nueva empresa estatal de vivienda disponer de 593 millones de euros destinados a completar adquisiciones, desarrollar los suelos ya comprados, adecuar inmuebles transferidos desde Patrimonio y ampliar la oferta mediante nuevas compras. También se contempla la posibilidad de destinar parte de estos recursos al desarrollo de otras actuaciones recogidas en el plan de vivienda asequible.