Asprima ha censurado al Gobierno por no haber consensuado ni informado previamente al sector sobre las medidas de los reales decretos de vivienda aprobados el 6 de octubre. La patronal reitera su rechazo al paquete, que considera un obstáculo para la construcción y la financiación de nuevos desarrollos.
Según sostiene en un comunicado, el contenido no se ha acordado con ninguna asociación sectorial, una falta de interlocución que, a su juicio, aleja la respuesta del Ejecutivo de las necesidades de la promoción residencial. Su posición se suma a la que expresó antes de la votación del Congreso, cuando pidió a los diputados que rechazaran los textos por su posible impacto en la oferta de alquiler.
La asociación defiende que la prioridad debe ser facilitar la puesta en carga de suelo y simplificar la tramitación administrativa, dentro de un marco jurídico, fiscal y económico estable que favorezca la inversión. Son las propuestas que asegura llevar años trasladando a las administraciones para incrementar la producción de vivienda nueva y reducir el desequilibrio con la demanda.
Frente a estas peticiones, considera que los decretos dificultarán la captación de los recursos necesarios para ampliar el parque residencial. Su preocupación se centra especialmente en el alquiler, donde afirma que la inseguridad jurídica que atribuye a las medidas ya está provocando una retirada de capital destinado a grandes carteras.
En su anterior comunicado, Asprima vinculó el anuncio del paquete a la paralización de dos transacciones que contemplaban entre 600 y 700 viviendas de alquiler asequible en la Comunidad de Madrid, al amparo de la Ley 3/2024. Ahora insiste en que las dificultades para financiar estos desarrollos acabarían afectando a los hogares con menos recursos, al limitar la oferta a la que podrían acceder.