Un momento del encuentro organizado por el Observatorio en las Comunidades de Propietarios.
El Observatorio en las Comunidades de Propietarios ha organizado un desayuno tertulia en el que se han analizado los efectos que está teniendo en el día a día de las comunidades de propietarios la aplicación práctica de la Ley 8/2013 de 26 de junio 2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
La tertulia ha sido moderada por Manuel Gambín, abogado especializado en el ámbito inmobiliario y administrador de fincas. Han intervenido como ponentes Vicente Magro, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante; Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España; José Juan Muñoz, abogado, socio-director del despacho Acción Legal y secretario general del PFAG; y Francisco Echeverría, abogado, profesor de la Universidad de Barcelona y miembro de la Sección de Derechos reales de la Comisión de Codificación de Cataluña.
Salvador Díaz ha señalado que el principal objetivo de la ley era fomentar la rehabilitación de edificios e impulsar la actividad de la construcción, que anteriormente era nula, pero que hoy en día no se ha cumplido dicho objetivo por la falta de financiación. "La reforma es una condición necesaria pero no suficiente. La ley tiene que complementarse con otra serie de medidas y divulgarla", ha expresado el presidente del CGCAFE.
Francisco Echeverría ha manifestado que el gran problema que está teniendo la norma es la desinformación y la "engañosa" publicidad que se está ofreciendo sobre ella. Esta razón genera dudas. "El régimen de acuerdos se ha modificado sustancialmente. Se ha suprimido la unanimidad". Afirma que la norma ha incluido la supresión que hacía necesario que una obra obligatoria fuese aprobada por la Junta. En la actualidad "se le concede más facultad a los jueces para que actúen con equidad. Este hecho es positivo para la supresión de barreras".
Echevarria afirma que en Cataluña, la "problemática es a la inversa, debido a que resulta excesivamente reglamentística. Es una ley tan extensa que necesita un desarrollo reglamentario". Además, la normativa catalana reconoce que un privilegio de crédito a las comunidades no tiene justificación, lo que debe hacer la comunidad es reclamar la deuda. "Los que se han convertido en morosos sistemáticos son los bancos, que terminan obligando a las comunidades a hacer el desembolso económico".
"Es una ley compleja, tanto en aspectos técnicos como en aspectos jurídicos", ha expresado José Juan Muñoz. Además, ha denunciado que lo que falta es formación a la hora de aplicar la norma. Respecto a la responsabilidad de los adquirientes sobre las deudas, se ha ampliado el plazo a tres años.
Vicente Magro expresa que "la reforma se ha hecho a espaldas de la actividad económica de las comunidades". Considera que una buena ley debe transmitir seguridad jurídica a los vecinos evitando pleitos y litigios, y no generar dudas respecto a la interpretación del quórum que termina siendo un problema para las comunidades de vecinos.
Las deudas que tiene un propietario con la comunidad deberían resolver se en el momento de la transferencia entre vendedor y comprador, de tal manera que la comunidad no tenga que asumir ningún coste.
El presidente de la AP de Alicante ha expresado la dificultad que conlleva la nueva norma respecto a la eficiencia energética, ya que existen tres tipos de quórum distintos que dificultan su comprensión, "debería unificarse en un solo precepto". Por último, se ha mostrado a favor de crear el domicilio electrónico inmobiliario obligatorio, que ahorraría costes a las comunidades y ofrecería una mejor comunicación.
Como conclusiones finales, los intervinientes han destacado que hay que fomentar la mediación, formación y divulgación para que la norma sea efectiva. Opinan que es una reforma positiva, pero que su principal problema es su aplicación, y es ahí donde debe trabajarse para mejorarla.
