El ciclo alcista de la vivienda podría acabar en 2023, según Sociedad de Tasación

Barcelona_vivienda.jpg Una calle de Barcelona.

El ciclo alcista del precio medio de la vivienda debería agotarse en 2023 si se cumpliera la tendencia habitual de ocho años consecutivos de crecimiento, pero Sociedad de Tasación ha identificado una serie de variables que podrían favorecer que el ciclo se alargue más en el tiempo


En su último análisis de tendencias y retos para 2022, la empresa española de servicios de valoración de activos inmobiliarios destaca la falta de stock disponible (sobre todo en las zonas con mayor demanda, como Madrid o Barcelona), una demanda más acelerada que la oferta, el aumento de los costes de construcción y la falta de mano de obra cualificada, como los factores que pueden condicionar que el ciclo alcista de precios se alargue.

En este sentido, señalan que los Fondos Next Generation de la Unión Europea están llamados a impulsar la inversión en el sector inmobiliario. No obstante, su evolución dependerá de la mejora del mercado laboral, del aumento de los niveles de consumo, de la descongestión de las cadenas de suministro, y de la disminución del número de hospitalizaciones y fallecimientos a causa de la pandemia, apuntan en su informe.

Sociedad de Tasación también advierte sobre el impacto de la inflación en el mercado inmobiliario. Y es que el aumento generalizado y sostenido de los precios también afecta al real estate, y puede tener un impacto directo sobre la intención de compra o inversión en inmuebles. "Su evolución alcista en 2022 podría espolear, a su vez, una subida de los tipos de interés y, al mismo tiempo, neutralizar la posición del inmobiliario como un valor refugio frente a otras alternativas de inversión", avisan sus expertos.

Desafíos de futuro

Entre los grandes retos de cara al futuro, el informe remarca el problema del acceso de los jóvenes a la vivienda, la medición rigurosa de la sostenibilidad, la búsqueda de un consenso entre todas las partes implicadas en la aprobación de la nueva Ley de Vivienda y, en definitiva, la existencia de colaboración público-privada.