En España urge una política fiscal medioambiental que acelere la transición hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética en el sector inmobiliario
Los profesionales del sector inmobiliario en España cada vez se vuelcan más en la construcción sostenible. En este contexto, esta nueva oleada de construcción verde no debe toparse con barreras de entrada. Al contrario, “urge el acompañamiento de una política fiscal medioambiental que sea incentivadora y no meramente recaudatoria”, reclama Susana Sandín, socia fundadora de Sandin Abogados y abogada especializada en derecho inmobiliario.
Para hacer todo ello posible, es necesario fomentar modelos de financiación equilibrados, aprobar medidas fiscales de apoyo a la construcción sostenible e impulsar políticas incentivadoras de financiación para los promotores.
Según los datos de Eurostat (2019), España se sitúa por debajo de la media de los países miembros de la Unión Europea, con una ratio de sus impuestos medioambientales sobre el PIB del 1,8%. Los impuestos ambientales en España representan un 5,4% del total de los ingresos fiscales, por debajo de la media total de los países de la UE, que está en 6,1%.
Los impuestos ambientales suponen un incentivo permanente hacia conductas más respetuosas con el medio ambiente. Sin embargo, la fiscalidad ambiental debe actuar también como un incentivo a la innovación en nuevas formas de producción, transporte y construcción, así como del consumo de los edificios menos contaminantes.
Por este motivo, Sandín explica que es necesario desarrollar una normativa fiscal ambiental que incluya beneficios fiscales relacionados con el proceso de construcción, que regule deducciones por inversiones medioambientales o que aplique tipos reducidos de IVA al consumo de materiales reciclables en lugar de utilizar materias primas naturales. Los beneficios fiscales deberían extenderse al consumo eficiente de energía y la digitalización de los edificios.
España recibirá a finales de julio, los primeros fondos NGEU que alcanzarán 140.000 millones de euros hasta 2026.
Se van a destinar 6.820 millones al Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana entre 2021 y 2023, que se gestionarán conjuntamente entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Transición Ecológica (al que se le corresponden 1.300 millones).
El plan de rehabilitación de edificios públicos y privados, dotado con 1.994 millones de euros, pretende lograr un ahorro energético medio superior al 30% a través de la ejecución de una media de 300.000 rehabilitaciones al año, lo que significaría alcanzar la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas entre 2021 y 2030.
El Plan contempla actuaciones para lograr una verdadera transformación urbanística y ambiental de barrios y zonas delimitadas en función del nivel de renta con especial incidencia en colectivos vulnerables, que alcanzan entre otros, a los edificios (hacerlos más sostenibles y accesibles), a la movilidad, a la implementación de la digitalización, a la renovación del alumbrado, a la peatonalización, al incremento de parques y zonas verdes, etc.
Estas medidas de sostenibilidad y de eficiencia energética vienen impuestas por Bruselas para cumplir con el Green Pact y con el Convenio de París de 2015. Por otro lado, los ciudadanos desean vivir en ciudades sostenibles, respetuosas con el medio ambiente, donde los recursos naturales se gestionen de manera eficiente, dotadas de servicios eficientes desde el punto de vista energético, y funcionales.