La escasez de vivienda es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sector. La demanda existe, pero los proyectos no avanzan al ritmo que deberían. No es por falta de capacidad, sino por la suma de obstáculos que siguen ralentizando su desarrollo.
Necesitamos procesos urbanísticos más ágiles y esto pasa por simplificar y acotar los plazos, pero también por introducir mecanismos de tramitación simultánea y silencio administrativo positivo en determinadas fases. Debe sumarse una mejor planificación conjunta con las compañías suministradoras de energía, anticipando las necesidades de capacidad y evitando que la falta de infraestructuras retrase proyectos maduros.
Creo en la colaboración público-privada. La puesta a disposición de suelo público en fórmulas de concesión o derecho de superficie puede facilitar el desarrollo de vivienda asequible, al tiempo que se moviliza inversión privada. Cuando administraciones y promotores trabajamos alineados, los proyectos salen adelante.
La rehabilitación urbana también debe ganar peso. Con incentivos fiscales y agilidad en las licencias se puede activar la renovación del parque existente y aumentar la oferta en entornos consolidados. Es una oportunidad para mejorar los barrios y avanzar en sostenibilidad si va acompañada de incentivos y agilidad administrativa.
Por otro lado, el acceso de los jóvenes a la vivienda requiere sistemas de avales y fórmulas de compra más flexibles, además de darle un impulso decidido al alquiler asequible que esté acompañado de un entorno amable que incentive la inversión. Si no facilitamos su acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, estaremos generando un problema no solo social sino un riesgo económico para el desarrollo a medio plazo.
La vivienda seguirá siendo uno de los grandes desafíos en los próximos años, la clave está en la capacidad del sector y las administraciones para afrontarlo juntos de una forma responsable y coordinada.