La crisis de acceso a la vivienda en España, especialmente en ciudades como Palma, San Sebastián, Málaga, Madrid o Barcelona, se ha convertido en un problema estructural. Aunque se ha intentado paliar con medidas como la regulación de precios del alquiler, la evidencia muestra que estas políticas no solucionan el problema de fondo: la falta de oferta suficiente y asequible.
Cuando la oferta no crece al ritmo de la demanda, cualquier intento de limitar precios no solo es insuficiente, sino que puede ser contraproducente. Ejemplos como la Ley de Contención de Rentas en Cataluña, el “Mietendeckel” en Berlín o la nueva regulación en Países Bajos de 2024 lo demuestran: la oferta de vivienda se redujo y los alquileres asequibles se encarecieron.
Estas experiencias demuestran que el control de precios tiende a desincentivar la inversión y frenar la construcción y a fomentar mercados paralelos. Limitar los alquileres ataca un síntoma (precios altos) pero no resuelve la causa principal (falta de oferta).
La solución pasa por aumentar la oferta de vivienda con políticas que favorezcan la creación de vivienda asequible y de calidad, como agilizar y simplificar trámites urbanísticos para disponer de más suelo finalista, reduciendo la excesiva burocracia existente; incentivar la colaboración público-privada, mediante cesiones de suelo público y apoyo a modelos como el llave en mano para alquilar, con incentivos fiscales; movilizar vivienda vacía, ofreciendo garantías a propietarios, seguros de impago y ayudas a la rehabilitación; reformar la fiscalidad para fomentar el alquiler a largo plazo; y apostar por modelos de vivienda flexibles, adaptados a distintas necesidades sociales.
La única vía para resolver de manera estructural el problema del acceso a la vivienda es incrementar de forma rápida, sostenible y asequible la oferta en las zonas de alta demanda.