La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado inicialmente el Plan Especial que permite la aplicación en la capital de la Ley 3/2024 del Gobierno regional de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, modificada por la Ley 2/2026 de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública. El acuerdo adapta la normativa urbanística municipal para hacer posible la aplicación de los nuevos regímenes especiales aprobados por la Comunidad de Madrid con el objetivo de acelerar la construcción de vivienda protegida, según ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.
El Ayuntamiento vuelve a apostar por la aplicación de esta normativa autonómica, al igual que hizo en 2024. El Consistorio considera que cualquier medida que permita aumentar el parque de vivienda protegida debe ponerse al servicio de los ciudadanos, compatibilizando este objetivo con el modelo urbano definido por el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y con el del futuro Plan Estratégico Municipal, cuya aprobación inicial está prevista para el primer semestre de 2027.
Incremento de vivienda y modelo de ciudad
Esta iniciativa, impulsada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, permite la aplicación en Madrid de los regímenes especiales previstos en los artículos segundo y tercero de la Ley 3/2024, tras su modificación por la Ley 2/2026, introduciendo únicamente las adaptaciones imprescindibles para garantizar su integración en la normativa urbanística municipal.
La ley regional amplía las posibilidades de desarrollo de vivienda protegida mediante tres modificaciones fundamentales. En primer lugar, extiende la posibilidad de implantar uso residencial alternativo siempre que se destine a vivienda protegida en alquiler (mientras dure su régimen de protección) no solo en parcelas calificadas para uso terciario oficinas, tal y como definió la norma de 2024, sino también en parcelas calificadas de uso terciario hospedaje y dotacional privado.
En segundo lugar, incorpora un nuevo régimen que permite incrementar la densidad y la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas por el planeamiento a vivienda protegida y en parcelas pertenecientes a las redes públicas que se destinen a vivienda con protección pública.
Por último, la norma autonómica contempla la implantación de modalidades de alojamiento temporal en determinadas parcelas industriales vacantes situadas en suelo urbano consolidado e integradas en ámbitos de carácter residencial, régimen cuya aplicación queda condicionada en Madrid a su compatibilidad con el modelo urbanístico vigente.
Así, el Ayuntamiento mantiene la incompatibilidad entre los usos residencial e industrial prevista por el Plan General de 1997, por lo que quedan excluidas las parcelas que se ubiquen en ámbitos industriales y parcelas que tienen uso cualificado en coexistencia con el industrial. Esta decisión responde tanto a la incompatibilidad de usos establecida por el planeamiento vigente como a la ausencia de los servicios, equipamientos y dotaciones que requiere un uso residencial.
Con este criterio, Madrid facilita la aplicación de la normativa autonómica sin alterar los principios básicos sobre los que se configura el modelo de ciudad.
Más de 5.100 viviendas protegidas impulsadas
La aplicación de esta normativa ya está teniendo un impacto significativo en la generación de vivienda protegida en la ciudad. La estimación es que podría llegar a movilizar hasta 20.000 nuevos hogares. Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha concedido licencias para la construcción de 1.408 viviendas protegidas destinadas al arrendamiento, mientras que otras 3.779 se encuentran actualmente en distintas fases de tramitación administrativa. En conjunto, el desarrollo de esta normativa permitirá la construcción de 5.187 viviendas protegidas.
Valdebebas concentra el mayor volumen de actuaciones, con 3.739 viviendas entre concedidas y en tramitación (1.049 con licencia urbanística, 313 con licencia básica y 2.690 en tramitación). A ello se suman actuaciones en Los Berrocales (215 viviendas), Ensanche de Vallecas (135 entre concedidas y en tramitación), El Cañaveral (124), Los Ahijones (300), el ámbito API 17.12 Carretera de San Martín de la Vega (213), APE 09.24 Valdemarín-Este (28) y APE 20.20 Norte Torre Arias (120).