El Gobierno de España ha puesto en marcha una nueva licitación de más de 1.600 viviendas públicas en el primer trimestre de 2025 a través de la nueva empresa estatal creada para gestionar este tipo de activos. Con este movimiento, el Ejecutivo busca ampliar la oferta de vivienda asequible y garantizar que las unidades licitadas se incorporen de forma permanente al parque público.
Las nuevas viviendas se distribuirán en varias comunidades autónomas, incluyendo la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha. Según fuentes gubernamentales, la iniciativa responde a la necesidad de incrementar el stock de viviendas asequibles y facilitar el acceso a un hogar digno a colectivos con mayores dificultades para encontrar una vivienda en el mercado libre.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha indicado que este nuevo organismo no pretende sustituir a las empresas municipales o autonómicas que ya gestionan vivienda pública, sino que busca complementar sus esfuerzos y reforzar la capacidad del Estado para impulsar proyectos de gran envergadura. En este sentido, ha subrayado que uno de los principales proyectos en marcha es el nuevo barrio de Campamento en Madrid, donde se prevé la construcción de 10.000 viviendas asequibles.
La nueva empresa estatal, derivada de la transformación de Sepes, asumirá la licitación y gestión de estos proyectos. Su función incluirá la adquisición y urbanización de suelo, la construcción de viviendas y su posterior gestión como parte del parque público.
Además, casi la mitad de las viviendas licitadas estarán ubicadas en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, con 406 y 336 unidades respectivamente. Otras comunidades beneficiadas incluyen Extremadura (196 viviendas), Melilla (182), Castilla y León (147) y Castilla-La Mancha (105), reforzando así el acceso a vivienda en diversas regiones del país.
En los próximos meses, el Ministerio de Vivienda prevé la implementación de un sistema público de garantías para proteger tanto a inquilinos como a propietarios, dentro del marco de las 12 iniciativas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez para fortalecer la política de vivienda en España.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia más amplia del Gobierno para mejorar el acceso a la vivienda en España. Según datos del Banco de España, el país enfrenta un déficit de aproximadamente 500.000 viviendas para satisfacer la demanda actual. Para abordar esta situación, el Ejecutivo ha impulsado medidas como la regulación del alquiler de corta duración y la creación de un registro único para viviendas turísticas.
El Gobierno avanza así en su iniciativa de ampliar la oferta de vivienda asequible y fortalecer la presencia del sector público en el mercado inmobiliario.