El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Vivienda, orientado a fomentar la construcción industrializada en España. El nuevo programa contará con una inversión pública de 1.300 millones de euros a lo largo de diez años, combinando financiación (1.000 millones) y capitalización (300 millones).
El Ejecutivo estima que esta iniciativa tendrá un efecto tractor sobre el capital privado, con una ratio de movilización de 2,4 euros por cada euro público invertido. Este Perte forma parte del paquete de medidas dirigidas a mejorar el acceso a la vivienda.
Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se ha subrayado que el objetivo del plan es aumentar la oferta de vivienda, reducir los costes de construcción, modernizar el sector con criterios de sostenibilidad y eficiencia, y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Además, se pretende apoyar a las pequeñas y medianas empresas del sector, que en su mayoría cuentan con estructuras reducidas.
Los recursos destinados a financiación estarán canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), mediante instrumentos como las líneas ICO Verde, ICO Emprendedores o el plan Reinicia + FAIIP. Estos fondos servirán tanto para aumentar la producción industrializada como para facilitar su incorporación a los procesos de promotores y constructoras. Asimismo, se prevé utilizar otras vías de financiación procedentes del Ministerio de Industria, como el Fondo de Resiliencia Autonómico o los préstamos FAI.
En paralelo, los 300 millones destinados a capitalización buscan reforzar la estructura financiera de las empresas involucradas en la cadena de valor de la construcción industrializada, replicando fórmulas aplicadas previamente en líneas de crédito ICO para promover la vivienda asequible.
Uno de los retos que este nuevo Perte pretende abordar es la falta de mecanismos específicos de financiación para la construcción industrializada, dado que este modelo difiere del tradicional al no permitir el uso del suelo como garantía inmediata para la obtención de crédito.
Los fondos estarán disponibles de forma inmediata, con el fin de facilitar su aplicación por parte de las empresas interesadas. El Ministerio de Vivienda estima que esta estrategia permitirá alcanzar una producción de hasta 15.000 viviendas industrializadas anuales durante la próxima década.
Uno de los retos que este nuevo Perte pretende abordar es la falta de mecanismos específicos de financiación para la construcción industrializada
Entre las prioridades del plan se encuentra también el refuerzo de la competitividad del sector nacional frente a operadores internacionales ya consolidados en este modelo, así como la mejora de los plazos de ejecución, el impulso al relevo generacional y la incorporación de mujeres al ámbito de la construcción. Lejos de reducir el empleo, se espera que este nuevo modelo genere más demanda de mano de obra.
La inversión pública estará vinculada a la producción de vivienda asequible, condición necesaria para acceder a la financiación. No obstante, se permitirá que las mejoras derivadas de la industrialización tengan también impacto más allá de este segmento, con el objetivo de transformar estructuralmente el sector.
Tras la aprobación del Perte, el Gobierno iniciará reuniones con el ICO para definir los requisitos de acceso y establecer los convenios correspondientes. Una vez concretadas estas condiciones, se publicarán las líneas de financiación.
Asimismo, se pondrá en marcha una Comisión Interministerial, liderada por el Ministerio de Vivienda, en la que participarán más de diez organismos públicos, incluidos los ministerios de Economía, Industria, Trabajo y Educación, entre otros.
El Ministerio de Vivienda estima que esta estrategia permitirá alcanzar una producción de hasta 15.000 viviendas industrializadas anuales durante la próxima década
El plan contempla además que la industrialización comience a puntuar en los procesos de licitación pública. En las próximas semanas, la empresa pública de vivienda lanzará un concurso para 1.600 viviendas en el que se valorará con hasta un 10% el uso de técnicas industrializadas.
El Gobierno también impulsa la creación de una plataforma de colaboración entre agentes del sector, que contará con una sede física en la futura ciudad de la industrialización de la construcción en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia, en suelo de titularidad pública. Este espacio estará destinado a la formación, la investigación y el intercambio de conocimiento sobre industrialización en vivienda.
Por último, desde el Ministerio de Vivienda se ha instado a las comunidades autónomas a aplicar la Ley de Vivienda. Argumentan que la norma ya está teniendo efectos positivos sobre el mercado, como demuestra el comportamiento del precio del alquiler en regiones como Cataluña, y recuerdan que declarar zonas tensionadas puede beneficiar tanto a inquilinos como a propietarios mediante bonificaciones fiscales.