En Cataluña, se estima que hasta 44.000 viviendas vacías podrían estar disponibles para su incorporación al mercado inmobiliario debido a la denegación de la cédula de habitabilidad de segunda ocupación, una cifra que dobla los 20.000 inmuebles de protección oficial que la Generalitat planea ofrecer en 2027.
La Plataforma 2015 Accés a l’Habitatge ha informado que actualmente existen más de 73.000 viviendas a las que se ha denegado la cédula de habitabilidad de segunda ocupación, aunque cumplen con los requisitos para uso residencial, según certificaciones de arquitectos y técnicos especialistas. De estas, entre un 50% y un 60% están vacías y podrían sumarse a la oferta inmobiliaria.
Los principales factores para la denegación de estas cédulas incluyen discrepancias con la normativa vigente, como viviendas con techos de 2,08 metros en lugar de los 2,20 metros requeridos, o puertas de lavabos que miden 70 cm de ancho en lugar de los 80 cm estipulados. Estos criterios son especialmente restrictivos para viviendas construidas antes de 2012, fecha a partir de la cual muchos ayuntamientos no tienen digitalizados los documentos requeridos, lo que complica la obtención de la cédula.
Basado en un análisis de las estadísticas históricas de la Agència d’Habitatge de Catalunya, se ha identificado que en promedio, anualmente se rechazan o archivan aproximadamente 6.107 cédulas de habitabilidad de segunda ocupación. Estos datos acumulados indican que entre 2023 y 2024, el total podría alcanzar aproximadamente 73.000 cédulas denegadas, y se estima que esta cifra podría superar los 91.000 para el año 2027.
José María Coderch, portavoz de la Plataforma y API, ha destacado que "La construcción de viviendas de protección oficial es una buena noticia, pero hay que actuar en varios frentes. Mientras esperamos esta medida, totalmente insuficiente, tenemos que ser conscientes de que tenemos decenas de miles de viviendas aptas fuera del mercado inmobiliario por una cédula de habitabilidad que otras comunidades autónomas ya han eliminado".
Se prevé que para 2027, el número de viviendas sin la cédula concedida aumente hasta los 91.000, en contraste con las 20.000 nuevas viviendas de protección oficial previstas por la Generalitat, una cifra un 77,8% inferior.
Cataluña es una de las pocas comunidades que aún exige la cédula de habitabilidad para la venta, alquiler y contratación de suministros en viviendas de segunda mano, una práctica ya eliminada o sustituida por inspecciones técnicas en otras 12 comunidades autónomas.
Coderch también ha resaltado que "si realmente hay voluntad política de solucionar el problema de la vivienda, el primer paso es regularizar estas 73.000 viviendas, que pueden ascender a más de 91.000 en 2027. Además de ser una vía eficiente y sin coste para el erario público, ayudaría a reducir la presión sobre los precios y a incrementar la oferta de vivienda".
Este contexto subraya la importancia de actualizar la normativa y reducir las barreras burocráticas que impiden que viviendas aptas se sumen al mercado inmobiliario, facilitando así el acceso a la vivienda en un mercado cada vez más presionado.