El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el borrador de su nuevo Plan General Estructural (PGE), que contempla capacidad para más de 45.000 viviendas y redefine el crecimiento urbano del municipio mediante la combinación de nuevos desarrollos, actuaciones de regeneración y aprovechamiento de suelos consolidados.
La junta de gobierno extraordinaria dio luz verde al documento el 5 de agosto, con lo que ahora comenzará la evaluación ambiental estratégica a cargo de la Generalitat Valenciana. Se trata de la primera revisión de gran alcance del planeamiento de la ciudad en 39 años, aunque sus determinaciones todavía deberán completar la tramitación urbanística antes de poder ejecutarse.
El mayor volumen residencial se concentra en cinco sectores de desarrollo, donde se plantean alrededor de 22.300 unidades, mientras que otras 14.300 procederían de operaciones de transformación y regeneración urbana. A estas se añaden unas 5.000 en áreas consolidadas y 1.300 destinadas al alquiler asequible en suelos vinculados a dotaciones públicas.
El planeamiento relaciona el crecimiento residencial con la creación de equipamientos y servicios, para los que reserva al menos 100.000 m2 destinados a un posible tercer hospital público y más de 170.000 m2 para instalaciones deportivas. También contempla terrenos para ampliar las universidades de Alicante y Miguel Hernández.
La propuesta incorpora 349 hectáreas de zonas verdes, lo que elevaría a 488 hectáreas la superficie planificada en el municipio. Entre las principales actuaciones figuran el parque periurbano Lagunas de Rabasa, de 152,39 hectáreas, y el Parque Agrícola Huerta de Alicante, que ocuparía otras 123,18.
La ordenación se completa con un cinturón verde de 19 kilómetros y una ruta litoral de 21 kilómetros, además de dos intercambiadores de transporte, 12 aparcamientos disuasorios y la ampliación de la red de TRAM.
La aprobación del borrador permite a Alicante definir su futura reserva de suelo residencial, pero no habilita todavía el desarrollo de las viviendas previstas, que dependerá de la evaluación ambiental autonómica y de las fases posteriores de aprobación y gestión del planeamiento.