El acceso a una red eléctrica suficiente y fiable se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de nuevas promociones residenciales en España. Así lo han denunciado Aelēc (la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica) y ASPRIMA (la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid), que reclaman la adopción urgente de medidas para desbloquear el acceso y conexión a la red en los nuevos desarrollos urbanísticos.
Según ambas entidades, durante el año 2024 el sector urbanístico solicitó 6,7 gigavatios (GW) de acceso a la red eléctrica. Sin embargo, una parte importante de estos proyectos no ha podido avanzar debido a la falta de capacidad en la red de distribución o por desistimientos provocados por la complejidad e incertidumbre del proceso. Esta situación dificulta alcanzar el objetivo de construir al menos 250.000 viviendas al año, al tiempo que limita la transición hacia un modelo urbano descarbonizado.
En palabras de Aelēc y ASPRIMA, “la vivienda es una necesidad esencial” y las redes eléctricas son una infraestructura crítica para avanzar hacia edificios de cero emisiones, barrios conectados a energías renovables y ciudades más sostenibles. Por ello, reclaman cambios estructurales que permitan una planificación más flexible, mayor agilidad en la tramitación y un modelo de inversión que no traslade los costes íntegros del refuerzo de red al promotor.
Entre las mejoras que ya se han empezado a aplicar, ambas asociaciones destacan la publicación de los mapas de capacidad establecidos por la Circular 1/2024, que aportan mayor transparencia sobre el estado de la red y facilitan la toma de decisiones. También se han impulsado mecanismos para fomentar conexiones de 220 kV, infrautilizadas hasta ahora, y para incorporar nuevas posiciones en subestaciones sin necesidad de acuerdo del Consejo de Ministros. No obstante, Aelēc y ASPRIMA consideran que estas medidas, aunque positivas, siguen siendo insuficientes.
Para abordar el problema de fondo, las organizaciones proponen una batería de actuaciones adicionales, entre las que destacan la adecuación del límite de inversión en distribución, la financiación anticipada y reconocida por el sistema del refuerzo de red, o la identificación de proyectos maduros y estratégicos con criterios de interés general. También reclaman una modificación del actual esquema de hitos administrativos, para introducir una caducidad de cinco años en los permisos de acceso y conexión no formalizados, con posibilidad de prórroga justificada por tres años adicionales.
En el caso de instalaciones cedidas por el promotor, plantean que las potencias queden adscritas a las parcelas urbanizadas, permitiendo a los futuros usuarios contratarlas en un plazo máximo de tres años en baja tensión y cinco en media y alta tensión. Además, abogan por adaptar los plazos de tramitación a la realidad del urbanismo, evitando duplicidades en la validación de entregas de viviendas.
Aelēc y ASPRIMA subrayan que, sin una red eléctrica más robusta, planificada y adaptada a las necesidades actuales del mercado, será imposible impulsar la vivienda asequible, sostenible y energéticamente eficiente que requiere la ciudadanía. Las medidas adoptadas son solo un primer paso. Hace falta una solución realista y operativa que permita acelerar la actividad económica y responder al desafío habitacional, concluyen.