“El Ayuntamiento de Madrid confía en la colaboración público-privada. La mejor forma de demostrarlo es permitir que las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU) hagan todo el trabajo que realizan los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid, ahora también”, ha manifestado Mariano Fuentes Sedano, responsable del Área de Desarrollo Urbano del consistorio madrileño, en el curso de una jornada informativa sobre la nueva ordenanza municipal de licencias organizada por el Colegio de Aparejadores de Madrid.
Según Mariano Fuentes, “el sector promotor lo agradecerá porque se prestará un servicio de asesoramiento técnico previo y se eliminarán todas las posibles dudas”, a la hora de tramitar licencias urbanísticas y declaraciones responsables. En opinión de Fuentes, “uno de los aspectos más importantes de la nueva ordenanza es la introducción de la licencia básica. Solo se tramitarán permisos administrativos por parte del Ayuntamiento de Madrid mediante dos procedimientos: licencias y declaraciones responsables. La declaración responsable es el mecanismo estrella de la nueva ordenanza, porque ha llegado el momento de confiar en la sociedad civil. En el caso de las licencias básicas, no es que se genere un nuevo procedimiento: en la tramitación de la licencia urbanística se ofrece la posibilidad de tramitar una licencia básica, que será el elemento jurídico necesario que utilizarán los promotores para comenzar las obras con la máxima certidumbre”.
Una vez concedida la licencia básica, añadió Mariano Fuentes, “se comprobarán el resto de elementos y criterios técnicos que tiene que cumplir la obra. Pero el Ayuntamiento ya no será un obstáculo en el inicio de las obras porque estas promociones contarán con una licencia básica que les amparará jurídicamente en todo su desarrollo”.
El responsable de Desarrollo Urbano de Madrid indicó que la nueva ordenanza “ha supuesto la derogación de las dos existentes, en un único documento más comprensible, más preciso y que elimina cualquier arbitrariedad. Hemos reducido un 40% el articulado de la norma y hemos introducido unos protocolos como anexos que entendemos que facilitan mucho el trabajo a la hora de tramitar los proyectos”.
Para Fuentes Sedano, la ordenanza recientemente aprobada acabará con la denominada “tasa invisible”. Es decir, el coste financiero que supone para una obra la tramitación excesivamente larga de una licencia. “Estos costes, en el caso de una promoción inmobiliaria de 40 viviendas, podrían elevarse a 18.000 euros al mes. Si logramos reducir los plazos de la Administración en la tramitación, contribuiremos a que baje el precio de la vivienda”.
Guillermo San Román, presidente de la Comisión de Suelo y Urbanismo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), indicó en su intervención que “necesitábamos una ordenanza que evitase a la cadena productiva de la construcción un parón de entre 12 y 18 meses. Hasta ahora, era como si para poner las ruedas de un vehículo necesitáramos el sello de un funcionario ajeno al proceso productivo y hasta no tener ese sello no pudiese continuar la cadena”.
San Román se felicitó de que “el Colegio de Aparejadores de Madrid, con su solvencia contrastada, preste sus nuevos servicios en el ámbito residencial. Estoy seguro de que sus servicios van a ser muy utilizados por el sector promotor. Estamos deseosos de empezar a trabajar en este nuevo marco”.
El representante de ASPRIMA definió el contenido de la nueva ordenanza como “revolucionario. Es un cambio conceptual”. Con el nuevo concepto de licencia básica, “la filosofía es cómo podemos trasladar lo que no es fundamental a un momento posterior y dar seguridad jurídica al promotor inmobiliario para que pueda comenzar las obras”.
En este punto, sin embargo, Guillermo San Román dejó claro que es fundamental que las entidades financieras, las tasadoras y el Registro de la Propiedad entiendan la importancia de la licencia básica. “Necesitamos el respaldo de estas tres instituciones para acceder a la financiación bancaria que lleva aparejada una promoción inmobiliaria. Necesitamos su apoyo a la nueva ordenanza, porque esta va a ser la fórmula que nos permita iniciar las obras sin esa tasa invisible”.
Respecto a las ECU, San Román indicó que “a los promotores inmobiliarios se les dota a partir de ahora de muchos más funcionarios –entre comillas– para que se pueda desarrollar la labor de tramitación de licencias urbanísticas. Además de nuestros propios recursos, vamos a contar con unos recursos adicionales con carácter voluntario que son las ECU. Creo que la ampliación de competencias de las ECU al ámbito residencial es una maravilla para unos cuantos promotores porque tendremos la seguridad de que quien lo está tramitando lo está haciendo con profesionalidad y con técnicos con el conocimiento adecuado para hacerlo”.
Finalmente, Belén Velasco Sardón, directora técnica de Sociedad Técnica de Tramitación (STT), ECU integrada en el Grupo Aparejadores Madrid, repasó pormenorizadamente el nuevo sistema de tramitación de licencias, que entrará en vigor a mediados de junio. Según Belén Velasco, en STT “estamos muy ilusionados ante la nueva etapa que ahora comienza, con competencias en todos los usos. Era un anhelo de las ECU desde hace tiempo”.
Belén Velasco explicó detalladamente el nuevo sistema de licencias comparando la tramitación de las mismas a través del Ayuntamiento de Madrid y de una ECU. La responsable de STT especificó qué tipo de actuaciones precisan de una licencia o de una declaración responsable, informó de los distintos plazos de respuesta incluidos en la nueva ordenanza y explicó los anexos de la nueva norma.