Eduardo Fernández-Cuesta, presidente de RICS España
El sector inmobiliario ha cambiado mucho en la última década, y me atrevo a decir que a mejor. Hace diez años, España atravesaba una de las peores crisis económicas que se recuerdan y que fue especialmente dura para nuestra industria. Esa situación hizo mella, pero también nos obligó a redoblar los esfuerzos en materia de profesionalización con el objetivo de blindarnos frente a las turbulencias que una crisis semejante pudiera volver a ocasionar.
Hoy, la economía atraviesa un momento estable tanto a escala nacional como europea, y el sector inmobiliario ha aprovechado esta coyuntura para hacer los deberes y evitar así que una situación similar pueda repetirse en el futuro.
Los resultados del Commercial Property Monitor de RICS, informe que refleja la situación del mercado inmobiliario de acuerdo con las estimaciones de sus profesionales y que constituye uno de los indicadores de referencia utilizados por el Banco Central Europeo (BCE), son un buen indicador de la confianza de los que forman parte del sector, que cada trimestre evalúan la salud del mercado inmobiliario y, en el caso de España, se muestran optimistas respecto a su margen de crecimiento.
Dentro de este esfuerzo por la profesionalización, el papel de RICS se ha vuelto más esencial si cabe. Durante los últimos años, esta organización ha impulsado importantes medidas en distintos ámbitos orientadas a reforzar la salud y el prestigio del sector inmobiliario y de los profesionales que lo componen. Claro ejemplo de ello es el estándar profesional contra la corrupción y otras actividades delictivas que entró en vigor el pasado 1 de septiembre.
El objetivo de este documento es reducir la cantidad de dinero blanqueado anualmente, que, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), puede alcanzar hasta un 5 % del PIB mundial, el equivalente a 2 billones de euros. Rastrear el origen de estos fondos presenta serias dificultades, por lo que es complicado cuantificar el alcance que estas actividades ilegales pueden llegar a suponer para los países, empresas o clientes finales.
Por eso RICS, en su deseo de brindar confianza a la industria inmobiliaria a través de la ética y la autorregulación en beneficio de la sociedad, exige a sus profesionales y firmas reguladas que adopten este nuevo estándar para establecer unos mismos principios comunes que guíen al sector inmobiliario en la dirección correcta.
La concienciación por la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente es, de forma cada vez más clara, otra de las grandes preocupaciones de la sociedad en su conjunto y a las que debemos prestar una atención especial. Por eso la eficiencia energética se está convirtiendo en un requisito cada vez más importante no solo para constructores, inquilinos o compradores, sino para todo el tejido que forma la industria.
La aparición de las hipotecas verdes da buena muestra de ello. RICS ha sido uno de los principales impulsores de un exitoso proyecto piloto financiado por la Unión Europea para fomentar las hipotecas de eficiencia energética, junto a otros organismos como la Federación Hipotecaria Europea (European Mortgage Federation).
Vincular el tipo de interés con la calificación energética de una vivienda es un modo de premiar una forma más sostenible de construir y de promoverla de cara al futuro. La apuesta por las hipotecas verdes es una apuesta por la sostenibilidad, pero también por el ahorro: el que supone vivir en una vivienda energéticamente eficiente, y el que conlleva la revalorización de la propiedad y, por tanto, el inherente menor riesgo inmobiliario.
Creemos que iniciativas como estas son la constatación de todo el camino que ha recorrido la industria en los últimos diez años y los ejes sobre los que pivotará el crecimiento de los próximos diez.