La sostenibilidad se ha convertido en un eje central de las políticas públicas y empresariales. Europa ha implementado una serie de normativas que obligan a los diferentes sectores, incluyendo el inmobiliario, a adaptar sus modelos de negocio hacia prácticas más sostenibles.
Desde la aprobación del Green Deal Europeo en 2019, la UE ha acelerado su transición hacia una economía verde. Este pacto incluye medidas clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la eficiencia energética y avanzar hacia la descarbonización.
La Directiva sobre la Eficiencia Energética de Edificios (EPBD) y la Taxonomía Verde han sido fundamentales. El sector inmobiliario es responsable de una parte significativa de las emisiones de CO2. Eso obliga a los inversores, asesores, desarrolladoras y a los propietarios a repensar los proyectos y reconsiderar estrategias.
Desde los grandes fondos de inversión hasta nuestros family offices o nosotros mismos, al tiempo que las instituciones financie ras, bajo la presión de los nuevos requisitos regulatorios y de un creciente interés de los consumidores en opciones sostenibles, estamos comenzando a priorizar proyectos que cumplan con criterios ecológicos.
Se está comenzando a incorporar criterios ESG en las decisiones de inversión, que no solo miden el impacto ambiental de los activos, sino que también consideran el impacto social y la gobernanza empresarial. Invertir en propiedades que cumplen con las normativas verdes, que utilizan energías renovables, materiales sostenibles y que están diseñadas para reducir el consumo energético, se está convirtiendo en una estrategia no solo rentable, sino necesaria para mantenerse competitivo.
El papel de la financiación es esencial. Las financiaciones verdes están tomando protagonismo, donde los préstamos y las inversiones se destinan a proyectos que cumplen con estándares medioambientales elevados.
La sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad para los inversores y las instituciones financieras en el inmobiliario.