Desde marzo de 2020 la palabra que ha definido nuestra vida, nuestra economía y el sector ha sido “restricciones”. Restricciones que se han materializado en mayor o menor medida a lo largo de los últimos once meses en el cierre total de los establecimientos, la reducción del aforo, la limitación de parte de los servicios y de los horarios, los toques de queda o, sencillamente, la imposibilidad de viajar y la consecuente ausencia de clientela. También el miedo, la incertidumbre o la decisión de priorizar otras necesidades más básicas han venido a restringir aún más el funcionamiento del sector. No es preciso decir más, porque todos lo hemos vivido, y cualquiera, sea desde uno u otro papel, podrá hacer su propio balance de lo que han sido estos once últimos meses.
La vuelta a la normalidad y el inicio de la recuperación se van retrasando, y el optimismo generado por la llegada de las vacunas se ha ido diluyendo a la vista de los problemas logísticos, el previsible incumplimiento de calendarios, la aparición de nuevas cepas y la fuerza de la llamada tercera ola de la pandemia, más generalizada y con más incidencia de lo que las autoridades podían prever. Aun podemos recordar cuando, en marzo de 2020, muchos pensábamos que si no era en Semana Santa sí al menos sería para el Puente del 1 de mayo cuando estaríamos de nuevo en una situación de normalidad. Pusimos posteriormente la vista en el verano, a lo que contribuyó el mensaje de que se había superado la pandemia y de que salíamos más fuertes. Con incredulidad oíamos que algunos, entonces, anticipaban una Navidad con mascarillas. Muchas contundentes predicciones y conjeturas de hoy vienen a derrumbarse de forma estrepitosa a los pocos días.
El hecho de que no se apliquen las mismas medidas en todos los sitios y a la misma vez hace evidente que no hay un plan seguro a seguir. Es cierto que ante una crisis se pueden aplicar distintas recetas, pero normalmente en cuestiones científicas los protocolos de actuación suelen ser bastante parecidos, si no idénticos, y la experiencia los hace cada vez más seguros y eficaces. Pero ni siquiera dentro de nuestro país se siguen unas mismas directrices. Al menos, frente al que ha de sufrir las medidas, frente al ciudadano que está perdido y en la mayoría de los casos asustado por su salud, su vida, su economía y su futuro, se debería transmitir una mayor sensación de seguridad, de que si ha de sufrir restricciones es porque indudablemente son la única o la mejor opción. Y cómo no hacer lo propio con las empresas.
Como decía más arriba, es cierto que la mayoría de los sectores han sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria de una u otra forma, en mayor o menor medida, pero es preciso reconocer que el sector hotelero se ha visto afectado especialmente, que a esta fecha continúa seriamente afectado, y con visos de que se prolongue. Muchos hemos trabajado desde casa; y los comercios, sin duda perjudicados, han recurrido en lo posible a la venta on-line, y los restaurantes, a la comida para llevar. Los hoteles no han podido recurrir a ninguna opción más allá de la aplicación de medidas de control y de reducción de aforo cuando han podido abrir. No podemos llevarnos el hotel a casa ni, a esta fecha, tener estancias hoteleras fuera del hotel, aunque, quién sabe lo que podrá venir en el futuro, incluso no es difícil imaginarlo.
No quiero entrar en el debate de si deben prevalecer las medidas sanitarias frente a la continuidad de la vida y la supervivencia económica de nuestro tejido productivo. Es más, el debate debería ir más allá: lo que nos cuestionamos es si debe seguir la vida en todos sus sentidos, aunque resulta paradójico que una civilización que asume con naturalidad los viajes al espacio no sea capaz de aplicar otras medidas que las que se aplicaban hace mil años con el estado de la ciencia de entonces.
Obviamente la crisis sanitaria ha alterado la vida de todos, y a resultas de ello ha quedado alterada la situación económica y jurídica. Ya en marzo de 2020 empezamos a darnos cuenta desde nuestra posición de asesores cómo los operadores tuvieron que adoptar medidas de urgencia con el cierre de sus establecimientos, con el colapso del turismo, la falta de viajeros y el confinamiento de la población. Pero todo apuntaba a una crisis corta y de efectos limitados. No obstante, en marzo de 2020 los ingresos por habitación disponible (RevPAR) se redujeron más de un 41% con respecto al mismo mes de 2019, considerando que el Estado de Alarma empezó a mitad de marzo, si bien las cancelaciones de eventos y de viajes ya venían produciéndose desde primeros de año (el Mobile Congress fue el más sonado; y luego vinieron la suspensión de la IHIF de Berlín, de Mipim, ambos en marzo). Durante los meses de verano, se produjo cierta recuperación en el vacacional. Con todo, la caída llegó casi al 50%. En diciembre, la reducción con respecto al año anterior fue de prácticamente el 66%.
Marzo y abril de 2020 fueron meses de ERTES. Se va a cumplir un año desde entonces y aún hoy siguen muchos vigentes. En los meses siguientes, cuando la situación se iba prolongando, vinieron las renegociaciones de los alquileres ante la imposibilidad de operar los establecimientos, o de hacerlo en condiciones de pleno rendimiento. La aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus se convirtió en el tema de moda, ya hablásemos con propietarios u operadores. Afortunadamente, han sido pocos los casos en los que no se han arbitrado soluciones convencionales ante la falta de medidas o de ayudas legales, siendo el propio sector el que ha tenido que equilibrar de una u otra forma las legítimas necesidades de las partes. En un concepto de Estado cada vez más regulador, no deja de resultar paradójico esa inacción en un momento tan singular.
No solo los contratos de trabajo o de arrendamiento se han visto afectados por la situación de imposibilidad de cumplir, por uno u otro lado. Los contratos de los touroperadores, agencias de viajes, los transportistas, los guías turísticos, todos, han tenido que convenir soluciones de emergencia para paliar las consecuencias del confinamiento y del parón económico. Y, sobre todo, ante las escasísimas y contadísimas medidas adoptadas para establecer un marco de funcionamiento excepcional y dar mayor seguridad jurídica. Es cierto que las circunstancias pueden variar mucho según el caso, las partes y las obligaciones a cumplir, pero, de nuevo, un Estado tan regulador en tiempos de bonanza debería estar más presente precisamente en una situación como la actual, y no sólo para aplicar restricciones.
En 2019, el turismo era ya el sector que más aportaba a la economía nacional, por delante de la construcción, y aportando al PIB español tres veces más que la automoción. Era el segundo sector que más contribuía al empleo (el primero, en empleo indirecto), con un 15% del total, solo superado por el comercio. Obviamente, el 2020 ha dejado importantes secuelas, a pesar de los efectos de la pandemia en el sector turístico y hotelero, no ha conseguido hacer perder el atractivo de nuestro país. Por eso, sería bueno que se le prestase más atención y mucho más apoyo, y que se contase con sus operadores, con su capacidad y su experiencia. Pero, a esta fecha, mucho me temo que en 2021 tendremos que lidiar con más ERTES y más renegociaciones de contratos, y que, a la vista de cómo avanzamos, nos traerá además nuevos términos de moda, como las transacciones “distress” y las operaciones de “sale and lease back”. Tratemos de que no sea así.