En lo relativo al incremento de la oferta, se han tomado medidas muy positivas tanto en la creación de nuevo suelo residencial (Ley 3/2024), como en la reducción de los plazos de entrega mediante la agilización de trámites con la DRPO (Ley 1/2020) y con la asistencia de las ECU (Ley 11/2022).
Estas medidas son aplicables en suelos ya finalistas, pero debemos incidir e impulsar medidas que reduzcan significativamente el plazo de desarrollo del suelo.
Según un reciente informe elaborado por la consultora Colliers y APCEspaña, el tiempo medio de desarrollo de suelo está entre 10 y 15 años, pudiendo llegar a 20 en algunos casos.
Estos plazos ralentizan la puesta a disposición de vivienda y desincentivan al inversor, que espera tiempos de retorno más cortos. Comparto la opinión sobre la necesidad de reformar la Ley del Suelo para eliminar la inseguridad jurídica, pero también debemos estudiar vías para acortar los plazos en lo relativo a los diferentes informes sectoriales, que no pueden aprobarse por silencio positivo y que ralentizan los desarrollos.
Se debe impulsar la colaboración público-privada de forma responsable para acortar los plazos de estos informes. La eficacia de esta medida está contrastada en el Ayuntamiento de Madrid; desde la entrada en vigor de la ordenanza de las ECU, el plazo medio de concesión de una licencia de obras ha pasado de 13 meses a 71 días.
Igualmente, deberíamos poner el foco en la gestión de suministros, que, bien por trámites o por infraestructura, ralentizan los procesos. Considero muy conveniente que, en los nuevos desarrollos, las diferentes compañías asignen un interlocutor único para cada sector, dando visibilidad a la gestión e impulsándola de forma conjunta.
Es imprescindible que adoptemos una visión estructural a largo plazo, que se adapte a los ciclos del mercado de la vivienda.