El acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los grandes desafíos en muchas ciudades y regiones. El desequilibrio entre una demanda creciente y una oferta limitada ha generado un aumento sostenido de los precios, tanto en compra como en alquiler, dificultando especialmente el acceso para jóvenes, familias con ingresos medios o bajos y colectivos vulnerables. Para afrontar esta situación, es fundamental apostar por un conjunto de medidas que permitan incrementar la oferta de vivienda de forma efectiva y sostenible.
Una de las claves está en la movilización de suelo, especialmente público, para promover nuevas promociones residenciales. Para ello, es necesario agilizar los procedimientos urbanísticos, reducir la carga burocrática y fomentar la colaboración público-privada. Esto permitiría acortar plazos y aumentar la capacidad constructiva en zonas donde la demanda es más alta.
Asimismo, es crucial promover la construcción de vivienda protegida y asequible, integrándola dentro del parque general de vivienda y garantizando su acceso a quienes realmente lo necesitan. Paralelamente, se deben explorar soluciones innovadoras, como la rehabilitación de edificios antiguos o la reconversión de espacios infrautilizados, como oficinas o locales, en viviendas.
El impulso al alquiler también es una prioridad. Modelos como el Build to Rent o el alquiler asequible incentivado mediante ventajas fiscales, garantías públicas o colaboración con fondos de inversión pueden ayudar a diversificar la oferta y estabilizar los precios.
Finalmente, se requiere una estrategia nacional que combine planificación urbanística, incentivos financieros y políticas sociales. Solo con una oferta suficiente, variada y adaptada a las nuevas realidades sociales y demográficas se podrá garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible para todos.