Mejorar el acceso a la vivienda, sobre todo entre los más jóvenes, se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales de este país y la principal palanca para atajar este problema pasa por aumentar la oferta de vivienda asequible.
En España se construyen al año cerca de 80.000 viviendas frente a una demanda que dobla o triplica esta producción. No se trata solo de un desfase cuantitativo: el problema adicional es que esta producción está dirigida en un 90% a vivienda denominada de reposición.
Este desequilibrio supone un reto para la sociedad en general. Es obligación del sector privado y del sector público producir vivienda para todos de forma decidida e inmediata.
En esta encrucijada, una de las primeras medidas pasa por poner suelo en el mercado por parte de las administraciones a través de la colaboración público-privada, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid con el Plan VIVE.
Otra medida es la actualización de los módulos de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Además, sería muy necesaria la agilización de las licencias inmobiliarias y el impulso de los nuevos conceptos living, adaptados a las nuevas necesidades del mercado en forma y precio.
Por último, resulta necesario el desarrollo de financiación para construcción y adquisición. En este sentido, el Gobierno ha aprobado una línea de avales de 2.000 millones para la edificación de 40.000 viviendas destinadas a alquiler social o a venta a precio asequible. Y pensando en la compra, en la senda del help to buy británico, ha creado una línea de avales ICO de 2.500 millones para menores de 35 años.
Atendiendo a esta preocupante realidad, la política de vivienda debe ser una prioridad generalizada, debiéndose evitar que se convierta en un instrumento de utilización partidista. Debe primar el interés general social.