España se encuentra en la cola de la adopción del coche eléctrico en Europa. El Gobierno, en un intento de impulsar el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, aprobó el Real Decreto ley 29/2021 que persigue el objetivo de implementar medidas urgentes en el ámbito energético. En concreto, en cuanto a la movilidad eléctrica, ha establecido la obligatoriedad de instalar puntos de recarga en edificios nuevos y existentes a partir de 2023 para fomentar, de esta forma, la generalización del uso del coche eléctrico.
Los aparcamientos de los supermercados, hospitales, centros comerciales, hoteles, restaurantes y edificios no residenciales privados, como garajes públicos o centros de trabajo, son algunas de las infraestructuras afectadas. En este sentido, todos estos establecimientos tienen la obligación este año de tener en sus aparcamientos un cargador lento por cada 40 plazas. Además, desde las mismas administraciones se está trabajando para apoyar la instalación de puntos de carga privados mediante ayudas directas. De hecho, tanto los particulares como las empresas pueden cubrir hasta el 80% del coste de la estación de carga y de la instalación con las ayudas concedidas por el Plan Moves III.
Sin embargo, a pesar de las facilidades de la Administración, la realidad es que ya entrado 2023 y con la normativa vigente, es evidente que se van a registrar un número importante de incumplimientos legales, pues no todas las plazas de un aparcamiento de las infraestructuras establecidas por la normativa se pueden electrificar. Esto responde a la falta de potencia necesaria para poder poner un cargador en cada plaza y a las implicaciones económicas que supone llevar una acometida eléctrica que ofrezca un servicio funcional, ya que la obra que requiere no es fácil de amortizar. Sin dejar de mencionar que hay retrasos sustanciales técnicos y administrativos que provocan que los plazos actuales para la instalación de los puntos de recarga sean de al menos 15 meses en el mejor de los casos.
Y es que no podemos negar que la falta de una red de carga pública adecuada es uno de los obstáculos insalvables, por el momento, para hacer realidad el cambio de paradigma hacia la electrificación total de los vehículos. El despliegue de la movilidad cero emisiones en España necesita una infraestructura de carga eficiente y rápida para poder despegar.
Es en este punto donde cobran especial importancia la innovación y las nuevas soluciones que se están gestando para poder satisfacer las necesidades que suscita la adopción del coche eléctrico. Entre ellas, los cargadores móviles ultrarrápidos que funcionan bajo demanda. Se trata de un cambio de operativa en el que el conductor ya no tiene que preocuparse de tener en propiedad o localizar un cargador disponible, sino que es el propio cargador móvil el que se desplaza hasta su ubicación para cubrir sus necesidades de recarga y de manera ultrarrápida. Se trata de una solución que da respuesta a la falta de infraestructura de recarga fija actual, a la vez que descongestiona la red eléctrica.
En definitiva, para el sector inmobiliario la carga móvil ultrarrápida resuelve uno de los retos más importantes al imperativo proceso de contar con cargadores fijos en tiempo récord. Mientras avanzamos en la implantación de redes de recarga públicas y privadas satisfactorias, esta solución nos permite continuar con paso firme hacia la deseada electrificación total de los vehículos prevista por la UE para 2035. Teniendo en cuenta que para muchos inmuebles va a ser muy difícil, e incluso inviable, cumplir con la legislación vigente, no cabe duda de que el cargador móvil ultrarrápido ofrece una solución rápida y a medida.