La sostenibilidad urbana requiere un marco más flexible y adaptable. La transición hacia ciudades sostenibles y eficientes exige un cambio normativo profundo. El actual marco urbanístico en España, aunque garantiza seguridad jurídica, se caracteriza por una rigidez que dificulta la adaptación a los nuevos retos sociales, económicos y ambientales. Hoy necesitamos una legislación capaz de acompañar la transformación de nuestras ciudades con mayor agilidad, sin renunciar a la transparencia ni a la calidad del territorio.
Un primer paso es reducir la dependencia exclusiva del planeamiento general, delegando en el planeamiento derivado la capacidad de definir usos y edificabilidades dentro de unos márgenes claros. Esto permitiría que espacios concebidos en otra época, como áreas comerciales monofuncionales, pudieran transformarse en barrios de usos mixtos con vivienda, equipamientos, comercio y zonas verdes, favoreciendo la regeneración urbana y la proximidad en un radio de 15 minutos.
Para garantizar la objetividad de estas transformaciones, sería clave introducir un sistema de valores de referencia por usos y localización, actualizable anualmente, que asegurase la equivalencia entre aprovechamientos y redujese la arbitrariedad en los procesos. Este instrumento daría confianza a la iniciativa privada y aportaría mayor transparencia al control público.
Finalmente, la normativa debería fomentar explícitamente la sostenibilidad: incentivos a la rehabilitación frente a la nueva construcción, integración de soluciones de eficiencia energética, movilidad no contaminante y preservación de la biodiversidad urbana. Con estas modificaciones, las ciudades podrían evolucionar hacia modelos más resilientes y saludables, alineados con las expectativas ciudadanas y los compromisos climáticos.