Para afrontar el problema de la vivienda, es fundamental un Pacto de Estado que implique a todas las Administraciones Públicas, con un compromiso firme y global que abarque desde el desarrollo urbanístico hasta la edificación. Este pacto debe contar con los presupuestos e iniciativas necesarios para atender las necesidades de cada región, provincia y municipio, manteniendo una visión despolitizada y priorizando al ciudadano.
La fase de desarrollo urbanístico es clave, puesto que es el momento donde se proyecta el futuro de las ciudades y, por tanto, las soluciones que más adelante se implantarán. La revisión de la Ley del Suelo es por ello imprescindible, ya que debe contar con iniciativas como la simplificación administrativa, optimización de tiempos y digitalización. Sin una ley adaptada a las necesidades actuales y futuras, será difícil resolver el problema de la vivienda.
En la fase de gestión urbanística, es vital analizar parámetros como la densidad de vivienda, la flexibilidad de usos y las cargas urbanísticas para garantizar la viabilidad técnica y económica de los proyectos. Por ejemplo, aumentar la densidad de viviendas podría solucionar la falta de oferta en áreas con alta demanda, mientras que una mayor flexibilidad de usos permitiría adaptarse a un mercado en constante evolución.
Además, se debe intensificar la colaboración público-privada. Las Administraciones disponen de suelo público que podría ser aprovechado mediante modelos de desarrollo conjunto, donde el sector privado asuma la carga financiera a cambio de derechos de superficie a largo plazo (75-90 años). Esto permitiría ofrecer viviendas a precios un 20%-30% por debajo del precio del mercado, al no incluirse este en la parte proporcional del valor del suelo.
El desarrollo urbanístico es la base sobre la que se proyecta la ciudad del futuro, ya que las decisiones que se toman hoy pue den dar una respuesta eficaz mañana.